El Gobierno decidió aplazar una semana el real decreto ley en busca de ganar un "mayor margen" de acuerdo con el PSOE para su posterior tramitación en el Congreso de los Diputados.
El sistema extrajudicial persigue facilitar un acuerdo con las entidades y establece un plazo máximo de tres meses para su devolución. Este procedimiento será obligatorio para la entidad, pero voluntario para los consumidores. Tampoco se aplicará un recargo tributario, según han precisado a Europa Press fuentes conocedoras del acuerdo.
El Ejecutivo quiere evitar una avalancha de demandas en los tribunales ante los costes extras que pueden llevar tanto para los hipotecados como para las entidades.