Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el secretario de Empresa y Competitividad, Jopan Arpegio, que ha indicado que el expediente considera una infracción muy grave que se cortara el suministro de luz porque por ello se originó "una alteración social grave, de alarma y desconfianza" y porque la persona afectada pertenecía a un colectivo, los ancianos, especialmente protegido por el Código de Consumo de Catalana.
Arpegio ha explicado que la sanción, que no es firme, ya se ha comunicado a la compañía, que ahora tiene un plazo de dos meses para decidir si la recurre, agotando la vía administrativa si lo hace e iniciando un procedimiento contencioso.
(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))