La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha ofrecido una primera estimación "provisional" que cifra en al menos "30 millones de euros" los daños para los buques españoles que han tenido que abandonar los caladeros que gestiona Marruecos, después de que la Eurocámara vetara el miércoles dicha prórroga.
"La Unión Europea tiene que resarcir los daños a los armadores, pescadores y daños colaterales que en una evaluación preliminar, sólo como punto de partida, van a superar los 30 millones de euros por dos meses y medio q no se va a poder faenar", ha explicado Aguilar en rueda de prensa en Bruselas.
La actividad de la flota española en aguas que gestiona Rabat, en su mayoría buques canarios y andaluces, se traduce en unos 600 empleos directos y genera un volumen importante de empleo indirectos en las regiones más implicadas, ha añadido.
La ministra ha insistido en que se trata de una cifra "indicativa" y ha pedido a la Comisión Europea que sea de las arcas comunitarias de donde salgan las compensaciones
"Que no nos mire a los Estados miembros para que tengamos que aportar dinero, porque no hemos sido nosotros. De los daños tiene que responder la Unión Europea", ha afirmado a la prensa en un receso del consejo.
Los ministros de Pesca de la UE se reúnen desde este jueves en Bruselas para pactar el reparto de las posibilidades de pesca para la flota comunitaria en 2012 y, en este marco, Aguilar ha aprovechado una reunión bilateral con la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, y la presidencia polaca de la UE para reiterar su petición de compensaciones al sector y cifrar en más de 30 millones de euros la evaluación inicial de daños.
Además, la ministra española ha dejado claro a Damanaki que "de ninguna de las maneras" los barcos pueden "esperar" a que se produzca una solución, por lo que ha subrayado que es "urgente" que la comisaria dé los pasos necesarios para lograr el mandato de negociación de parte de los gobiernos europeos para pactar un nuevo régimen pesquero con Marruecos.
Aguilar ha insistido en la importancia de que "se busque con prontitud, eficacia y eficiencia" la fórmula de un nuevo acuerdo que permita a la flota comunitaria, sobre todo española, regresar a las aguas que gestiona Rabat. Un acuerdo sobre "base nueva" que permita "estabilidad y tranquilidad".
Los eurodiputados rechazaron el miércoles la prórroga provisional del actual régimen pesquero, pero abrieron la puerta a que la Comisión negocie en nombre de los 27 un nuevo pacto, siempre que incluya condiciones más estrictas para la contraparte marroquí en relación a la situación del Sáhara occidental y la pesca sostenible, además de asegurar la rentabilidad económica del convenio para la UE.
La titular de Pesca española ha recordado que el Gobierno "respeta" el voto de la Eurocámara, pero "no comparte" su posición y ha ofrecido la cooperación de España para evitar que este caso dañe las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Marruecos, país que España considera "socio estratégico global".
"Lo peor es echar leña al fuego, lo mejor es trabajar para tener respuesta claras u concretas pronto. Y la primera respuesta clara y pronto la tiene que dar la Unión Europea a quienes están siendo dañados", ha zanjado la ministra.
Cepesca califica de "grave error" la decisión adoptada por el Parlamento Europeo
El secretario general de la patronal, Javier Garat, considera que "ha sido una decisión puramente política que nada tiene que ver con las relaciones pesqueras entre la UE y Marruecos". Por este motivo, considera "imprescindible" que tanto la Comisión Europea como el Gobierno español "reaccionen inmediatamente poniendo en marcha los mecanismos necesarios para paliar las gravísimas consecuencias socioeconómicas que se van a producir".
Asimismo, instó a la Comisión Europea a que tenga en cuenta la resolución del Parlamento Europeo en la que le solicita que negocie un nuevo protocolo que sea sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental y que beneficie a ambas partes.
Cepesca ya ha advertido que la ruptura de este acuerdo "deja tirados" a más de 700 tripulantes.
En declaraciones a Europa Press, Por otro lado, los armadores andaluces consideran una "incongruencia" que, por un lado, el Parlamento Europeo haya votado en contra de la prórroga, y por otro apruebe una resolución con sus orientaciones de cara a nuevas negociaciones que vaya a emprender la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, para acordar un nuevo pacto con Rabat.
De esta manera, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, Pedro Maza, ha señalado que lo preocupante de manera inmediata es "la situación jurídica" del sector y se ha mostrado a la espera de las instrucciones por parte de las autoridades. Por último, Maza ha apuntado que siguen demandando una renovación del acuerdo entre UE y Marruecos.
A este respecto la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, desde Bruselas, ha reclamado "cuanto antes" un nuevo mandato para que Bruselas pueda negociar con Rabat "bases nuevas" para "ir a la búsqueda rápida y urgente" de un nuevo régimen pesquero con Marruecos.
El acuerdo que ha quedado invalidado por el voto de la Eurocámara ofrece 36,1 millones de euros anuales a Marruecos a cambio de 119 licencias de pesca, cerca de un centenar de ellas para barcos españoles; andaluces y canarios en su mayoría.
"Hay pueblos en Andalucía que viven de la pesca en los caladeros marroquíes"
Aguilar ha precisado que de la actividad de estos buques españoles dependen 500 puestos de trabajo directos, si bien no ha cuantificado en cifras el impacto económico del cese de la pesca. "Hay pueblos en Andalucía que viven prácticamente de la pesca en los caladeros marroquíes", ha añadido, para explicar que también hay empleos indirectos que sufrirán las consecuencias.
En este sentido, Aguilar ha considerado que "este daño hay que resarcirlo" y ha dejado claro que "quien lo tiene que resarcir es la Unión Europea", para compensar el cese de la actividad a los patrones de los barcos afectados, pero también "a aquellos tripulantes que han perdido su puesto de trabajo".