Así figura en la respuesta del Ejecutivo, recogida por Europa Press, a los diputados de UPN, Íñigo Alli y Carlos Salvador, que habían preguntado en el Congreso por las medidas que contempla el Ejecutivo para hacer frente a "la entrada en el mercado de sociedades defraudadoras" y por su voluntad de mantener encuentros con organizaciones empresariales del sector.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital confirma los encuentros con estas entidades, entre las que cita la Asociación Española de Operadores Petrolíferos (AOP), y reconoce que está analizando, junto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública y la Agencia Tributaria sus propuestas.
Entre ellas, señala el mantenimiento de la obligación de existencias mínimas de seguridad (EMS), la obligación de incorporar biocarburantes en gasolinas y gasóleos y minimizar el acceso a la actividad sin suficiente capacidad financiera.
"Una vez analizada la viabilidad técnica e idoneidad de las medidas propuestas se llevarán a debido término, para lo que en su caso será necesario acometer las reformas normativas que resulten precisas", apostilla el Ejecutivo en su respuesta.
HACIENDA YA PIDIÓ ENDURECER LA LEY
Sin embargo, Energía opta por no responder a otras de las preguntas formuladas por los diputados de UPN, como la valoración del Gobierno sobre el papel que debería jugar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para combatir este tipo de fraude, o si contempla adoptar con urgencia las consecuentes modificaciones normativas.
Alli y Salvador también se interesaron meses atrás sobre las actuaciones realizadas, obteniendo respuesta en esta ocasión del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Así, señalaba que la Agencia Tributaria ya había dado traslado al Ejecutivo de varias propuestas dirigidas a evitar la admisión al sistema de operadores fraudulentos, conseguir la expulsión del sistema de estos operadores cuando aparecen, y la rápida detección del fraude cometido, entre otras.
Asimismo, también aseguraba haber impulsado la especialización de personal de la AEAT para la detección de entidades susceptibles de cometer este fraude y la puesta en marcha de actuaciones recaudatorias para recuperar la deuda de IVA no ingresada por los operadores, considerando como delitos aquellos impagos cuando detecta que son planificados y deliberados.