Según ha explicado la compañía en un comunicado, la investigación de las autoridades se centraba en la malas prácticas de Western Union en referencia a la supervisión de algunos de sus empleados y su programa antifraude, así como en los controles de lavado de dinero de la compañía entre los años 2004 y 2012.
De este modo, Western Union pagará una multa 586 millones de dólares (550 millones de euros) al Gobierno de Estados Unidos que se destinará a compensar a las víctimas del fraude.
Bajo los términos del acuerdo, la compañía, además, se compromete a tomar acciones específicas para mejorar "aún más" la supervisión de sus trabajadores y la protección de los clientes, mientras que un auditor independiente revisará por un periodo de tres años el cumplimiento de estas acciones.
"Compartimos el objetivo del Gobierno de proteger a los consumidores y la integridad de nuestra red global de transferencia de dinero, y trabajamos duro para resolver estos asuntos con el Gobierno", comentó la compañía al respecto.