El sábado 9 de junio de 2012 y tras negarlo en varias ocasiones, el Gobierno anunció que solicitaría un rescate para recapitalizar los bancos españoles en apuros. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, evitó entonces utilizar la palabra 'rescate' y aclaró que "el Gobierno español aceptará un préstamo en condiciones muy favorables" de hasta 100.000 millones de euros.
Las primeras estimaciones apuntaban a un máximo de 62.000 millones para tapar el agujero, que quedaron en 41.000 tras los análisis en profundidad de las auditoras.
A partir de entonces, España quedó sometida a una estricta vigilancia de la troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional), dado que la responsabilidad de devolución de ese préstamo recae en el Estado. Esto ha supuesto una obligación de saneamiento de las cuentas públicas y la aceptación de medidas de austeridad y subidas de impuestos.
Aunque la prima de riesgo, disparada hace un año, está hoy más controlada, la restricción del acceso al crédito no se ha suavizado y el dinero inyectado sigue sin llegar a empresas y familias, lo que repercute en una situación de recesión que ha elevado los datos del paro a cotas del 27 por ciento.
Los 'hombres de negro' de la troika advirtieron a principios de esta semana, con motivo de la tercera misión de vigilancia del sector financiero español, que los riesgos para la economía y, por lo tanto, para el sector financiero "siguen siendo elevados, dado que España continúa sometida a un complicado proceso de corrección de los grandes desequilibrios previos a la crisis".