Así lo anunció este viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al término de la reunión del Consejo de Ministros. "El nuevo sistema no tiene plazo de caducidad, sino que proyectará sus consecuencias hasta que España reduzca su déficit público por debajo del 3%, por lo que hay que mirar hacia 2018, subrayó el ministro, tras recordar que la medida permitirá recaudar unos 8.000 millones más para que el Impuesto de Sociedades vuelva a los 20.000 millones de recaudación anuales de los últimos ejercicios.
La medida, que ya entrará en vigor para los pagos fraccionados que realizan las empresas en octubre y diciembre, se mantendrá por tanto, al menos tres ejercicios presupuestarios (2016, 2017 y 2018) y afectará a las 9.000 empresas que actualmente facturan más de 10 millones de euros. Los bancos no pagarán un 23% sino que su tipo fraccionado se elevará al 25%.
Montoro explicó que se trata de "restablecer" el sistema de tipo mínimo de pagos fraccionados que estuvo en vigor entre 2012 y 2015 y que se suprimió precisamente este año, si bien en aquella ocasión el tipo mínimo se estableció en el 12% y ahora es prácticamente el doble.
De no hacerlo, explicó el ministro, España no podrá cumplir este año el objetivo de déficit del 4,6% comprometido con Bruselas, dado que la economía española "no se puede permitir" en estas circunstancias una caída de los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades.
PATRONAL Y SINDICATOS RECHAZAN LA REFORMA
Por su parte, el vicepresidente de la CEOE y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, criticó la reforma del Impuesto de Sociedades, al considerar que se acomete con "nocturnidad y alevosía" y porque afectará al empleo y a las inversiones.
"Nos gusta saber en qué campo de juego jugamos, queda muy bonito decir que sólo lo adelantan, pero no dudéis que la cantidad que se quiere recaudar es dinero que las empresas necesitaban para otros menesteres muy importantes que no van a poder destinar", reprobó Garamendi, quien tildó la medida de "política fiscal errónea".
En este sentido, advirtió de que la reforma del Impuesto de Sociedades "por supuesto puede afectar al empleo y la inversión", ya que "en el momento en el que no hay liquidez, cae el empleo", que es el "primer objetivo" nacional.
De su lado, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tachó de "chapuza" la reforma del Impuesto de Sociedades y advirtió de que "con la fiscalidad no hay que hacer electoralismo".