La iniciativa, ya aprobada en la anterior legislatura, también insta al Gobierno a evaluar el programa de ayudas, con la participación de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, beneficiarios de convocatorias anteriores, beneficiarios potenciales y los agentes sociales.
La ejecución presupuestaria de las mismas cayó del 90% en 2012 a menos del 20% en los tres años posteriores. Este descenso se tradujo en una reducción de 186 millones en las ayudas concedidas en 2015 respecto a 2012 --224 millones frente a 38 millones tres años después--, según la proposición no de ley aprobada por la comisión.