El Congreso encomienda al Gobierno a examinar la eficacia de la Garantía Juvenil

La iniciativa, llevada a la Cámara Baja por Unidos Podemos y finalmente pactada con el PSOE y PNV, ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos a excepción de Ciudadanos, cuya abstención ha evitado la aprobación por unanimidad de la propuesta.

El texto finalmente aprobado insta a analizar las actuaciones desarrolladas desde su puesta en marcha y detallar el número de inscritos que se beneficiaron de acciones en los cuatro meses siguientes a su inscripción, cuáles fueron las actuaciones desarrolladas, las administraciones responsables, y el número de jóvenes que, seis meses después se encontraban trabajando o en el paro.

Una vez publicado dicho informe, el Congreso insta a aprobar "las reformas pertinentes en orden a establecer subsidios o ayudas directas, destinadas a los beneficiarios" de la Garantía Juvenil, que estén "orientadas preferentemente a incentivar la participación de estos en las acciones formativas que mejoren sus competencias, en orden a fomentar la creación de empleo estable y de calidad".

EVALUAR LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO

Asimismo, se pide la publicación de una evaluación sobre el desarrollo de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, estructurado" en sus cuatro ejes principales de actuación: mejora de la intermediación, mejora de la empleabilidad, estímulos a la contratación y fomento del emprendimiento.

Este Informe deberá contener los aspectos cuantitativos y con perspectiva de género de cada una de las medidas previstas en el Estrategia y su impacto en la contratación y el emprendimiento, con determinación de la incidencia de los incentivos y bonificaciones articulados para dicho fin.

Por último, en función de los resultados, y en el marco del diálogo social, el Congreso insta a planificar una nueva Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, con la corrección de los aspectos negativos resultantes.

Asimismo, contendrá las acciones y mecanismos que permitan mejorar la coordinación y la planificación con los interlocutores sociales, los colaboradores intermedios y las Comunidades Autónomas, con el fin de garantizar la eficiencia de las medidas adoptadas, también las económicas.