La iniciativa, impulsada desde el Parlamento del Vasco, establece la creación de un fondo de compensación para víctimas de este material cancerígeno, que ha causado numerosas muertes y enfermedades a personas que han estado expuestas al mismo.
Según la propia iniciativa, entre 1994 y 2008 murieron en España 3.943 personas por enfermedades vinculadas directamente al amianto. Esta sustancia, que hace años era muy utilizada en la construcción y en la industria, ha sido prohibida debido a su carácter cancerígeno.
Es la segunda vez que la Cámara vasca lleva al Congreso una iniciativa para compensar a las personas afectadas por el amianto. Sin embargo, en esta ocasión consiguió esquivar el veto del Gobierno y de la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadadanos, pues otorga mayor margen al Ejecutivo para su aplicación, condicionando la misma a los Presupuestos del año siguiente a la aprobación de la ley.
INDEMNIZACIÓN EN SEIS MESES DESDE SU PUESTA EN MARCHA
El proyecto recoge la naturaleza y organización del fondo, especificando "fines, procedencia de recursos económicos y la estructura organizativa", determina a los empresarios, las mutuas y las personas titulares de derechos como aquellos que están obligados a cotizar al fondo". También reserva aportaciones vía Presupuestos o de consignaciones o transferencias previstas en otras leyes.
Asimismo, establece un plazo de seis meses como máximo para que las personas afectadas tengan derecho a la indemnización efectiva por parte del fondo de compensación y menciona las acciones de subrogación y la obligación del Gobierno a que en un plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la ley, apruebe el decreto de estructura y organización del fondo.