La CNMC sanciona a 13 empresas hormigoneras asturianas por crear un cártel que afectó a obras públicas

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado a un total de 13 empresas y a uno de sus directivos, con un total de 6,12 millones de euros por haber constituido un cártel para repartirse el mercado y fijar los precios del suministro de hormigón en Asturias de forma ininterrumpida durante al menos 15 años. Se trata de una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

En una nota de prensa, la CNMC explica que "las empresas constituyeron un cártel para repartirse el mercado y fijar los precios de suministro de hormigón en varias zonas de Asturias. Para ello, llevaron a cabo acuerdos para la asignación de obras públicas y privadas entre las empresas hormigoneras, se intercambiaron información para conseguir los contratos y para hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados y los mantuvieron secretos, entre otras conductas ilícitas".

En este caso concreto, según Competencia, "se repartieron el mercado y fijaron precios de suministro, por lo que encarecieron el coste de la obra para las empresas licitadoras y para la Administración".

Entre las obras afectadas, se señalan las del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) o el Puerto del Musel en Gijón. "Las empresas integrantes del cártel se repartieron los contratos públicos para su ejecución y utilizaron la figura de las Uniones Temporales de Empresas (UTEs) para acudir a grandes concursos públicos cuando en realidad no era necesario", ha añadido la CNMC.

En el caso de la obra del Puerto del Musel (Gijón), matiza que "únicamente dos de las empresas figuraron como suministradoras oficiales de cara al contratista, pero en realidad fueron 9 hormigoneras pertenecientes al cártel las que llegaron a un acuerdo encubierto para repartirse el suministro de hormigón entre todas ellas".

En el caso de la obra en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la Comisión afirma que "las empresas optaron por formalizar el acuerdo mediante la creación de una UTE, que denominaron UTE HOSPITAL. La creación de una UTE de tal dimensión para el suministro de hormigón resultaba a todas luces innecesaria, a la vista de la información aportada por la propia contratista".

PRÁCTICAS

La CNMC además ha acreditado que en el caso del reparto del mercado para el suministro de hormigón, además de las UTEs, "las empresas llegaron a acuerdos para el reparto de clientes y para los precios a los que se suministraba el material, que se iba registrando en unas tablas con la relación de obras adjudicadas, identificadas por una breve denominación y por el nombre del cliente".

La CNMC afirma haber constatado también que "el intercambio de información entre las empresas para conseguir y hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados formaba parte del modus operandi. Éste se realizaba en forma de reuniones, envíos de correos electrónicos e incluso de Whatsapps y faxes. Además, los acuerdos tenían un marcado carácter secreto y dificultaban la identificación de los responsables con pseudónimos (los participantes se identificaban a través de números para preservar su identidad)".

Las empresas sancionadas son Lafarge Áridos y Hormigones, S.A. (LAFARGE), 1.855.341 euros; General de Hormigones, S.A. (GEDHOSA), 1.758.251 euros; Hánson Hispania, S.A. (Hanson), 1.710.812 euros; Hormigones Aviles Oviedo, S.A. (HORAVISA), 136.877 euros; Fábrica de Hormigones Industriales, S.A. (Fhisa), 129.989 euros; Panelastur, S.L. (PANELASTUR), 107.835 euros; Hormigones Pelayo, S.A, (Pelayo), 103.365 euros; Hormigones del Sella, S.A. (Horsella), 102.922 euros; Hormigones Nalón, S.A. (Gonasa), 78.170 euros; Juan Roces, S.A. (Juan Roces), 54.956 euros; Canteras del Noroeste S.L. (CADESA), 49.160 euros; Hormigones de Avilés, S.A. (H. Avilés), 18.238 euros; Essentium Hormigones, S.L. (Essentium), 1.880 euros. La CNMC ha impuesto igualmente una multa de 12.000 euros a D. Moisés Ferreras Fernández (Directivo de Fhisa).