Para el sindicato, un informe de evaluación debe incluir "como mínimo", junto con las cifras globales de personas atendidas o colocadas, información sobre las características de los usuarios, actuaciones realizadas, resultados obtenidos, porcentaje de inserción, características de los contratos y ejecución presupuestaria detallada.
Así, considera que deben ser lo más completos posibles, para que sean útiles para evaluar realmente la colaboración público-privada y mejorar el contenido.
CC.OO. ha señalado que le preocupa que no estén funcionando los mecanismos de seguimiento y control de contratos y que se esté incumpliendo con la obligación de las agencias de colocación de comunicar mensualmente los contratos suscritos, las personas atendidas y el número de ofertas de trabajo captadas.
Además, el sindicato ha apuntado que se desconoce cuál ha sido el criterio utilizado para prorrogar los contratos y si todavía no se ha realizado la preceptiva evaluación previa.
"La colaboración público-privada puede ser positiva siempre que no suponga un recorte de los servicios públicos y su asfixia para financiar a las entidades privadas", ha añadido.
CC.OO. cree que los servicios públicos de empleo (SPE) constituyen una "pieza clave" para dinamizar el mercado de trabajo y ayudar a las personas sin empleo a mejorar sus posibilidades de encontrar un trabajo y que las políticas activas de empleo (PAE) son un necesarias para dar respuesta a las necesidades de empresas y trabajadores. Así, ha reiterado la necesidad de incrementar su inversión pública.