Catalá ha insistido en que el hecho de que el Estado se quede con las autopistas de peaje en quiebra "no supone perder dinero público", dado que además, según apuntó, las vías pueden ser rentables en el futuro.
“No es un rescate por nada, no es poner dinero público para nada, son infraestructuras que tienen un alto coste (...) a lo mejor es un buen negocio porque nos han salido mucho más baratas de lo que hubiesen costado si las hubiésemos realizado con cargo a los presupuestos en aquel momento”, ha defendido Catalá. Ahonda así en su consideración de que el hecho de que el Estado tenga que quedarse con las autopistas quebradas puede ser un buen negocio.
"El importe por el que el Estado se acabe quedando con las autopistas, la denominada responsabilidad patrimonial (RPA) ante las empresas concesionarias, no tiene por qué ser un dinero tirado o un mal uso del dinero, e incluso puede tener sentido en términos de inversión", declaró Catalá tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
"Si estas infraestructuras revierten al patrimonio público, esas vías tienen un valor, un valor que no hay que perder de vista", añadió Catalá.
Respecto al importe de RPA que el Estado tenga que pagar a la empresa concesionaria de las vías, indicó que se trata de un importe que dirimirán los tribunales, si bien fuentes del sector calculan que puede suponer varios cientos de millones de euros sólo para el caso de las radiales R-3 y R-5 de Madrid, las dos primeras de las ocho en quiebra que el Estado se ha comprometido a asumir en julio de 2017 para evitar el cierre de las vías dictado por un juez.