El Ejecutivo comunitario inició una investigación en profundidad en 2013 para evaluar si la medida confirió a la energética una ventaja económica indebida en relación a sus rivales y si supuso un obstáculo a la entrada de otros actores en el mercado eléctrico portugués.
En concreto, la medida nunca fue notificada a Bruselas y suponía mantener el control de 27 centrales hidroeléctricas, que representan el 27% de la capacidad de producción de Portugal. EDP pagó por la prórroga un total de 704 millones de euros.
Bruselas ha concluido que este pago de EDP está en línea con las condiciones de mercado, así como que la metodología financiera utilizada para evaluar el precio de las prórrogas de las concesiones "fue adecuado y condujo a un precio justo de mercado".
Por ello, la Comisión Europea ha determinado que la compensación pagada por la compañía no supone ayudas ilegales de Estado.