La reforma planteada por las autoridades británicas extiende a los operadores de apuestas de fuera del Reino Unido la obligación de pagar un impuesto que actualmente sólo pagan los corredores de apuestas británicos para financiar las carreras de caballos.
En concreto, se establecerá una tasa del 10% sobre el rendimiento bruto de apuestas (GGY por sus siglas en inglés) a todos los operadores que superen un umbral mínimo de 500.000 libras al año.
Bruselas considera que la medida es "esencial" para la mejorar las carreras de caballos y la cría de estos animales sin afectar negativamente a la competencia. Además, piensa que crea un escenario de igualdad de condiciones para los operadores de apuestas al mismo tiempo que impulsa la entrada de nuevos actores y el desarrollo de la competencia, gracias al umbral mínimo.
El Ejecutivo comunitario ha matizado no obstante que si decisión será aplicable hasta que Reino Unido deje de ser miembro del bloque comunitario.