El Ejecutivo comunitario ha recordado que los Estados miembros pueden poner condiciones a estas transacciones para preservar las comunidades agrarias y promocionar una agricultura sostenible, pero estas restricciones deben cumplir con las normas europeas, en particular las de libre movimiento de capitales.
Bruselas también ha recordado que en 2015 abrió procedimientos de infracción a algunos países por discriminar a inversores de otros socios de la UE y por crear "restricciones desproporcionadas" a las inversiones transfronterizas.
Así, el documento de la Comisión Europea ha destacado que algunas de las restricciones que pueden permitirse con algunas condiciones son requerir la autorización previa de las autoridades nacionales, establecer límites sobre el tamaño de las tierras que se quieren adquirir y la intervención estatal de los precios.
También sería posible incluir derechos preferentes que permitan a algunas categorías de compradores - como agricultores arrendatarios, vecinos o copropietarios - adquirir zonas de cultivo antes que otros compradores interesados.
Por contra, la legislación europea no permite establecer restricciones "discriminatorias", como requisitos generales de residencia como condiciones previas para la compra de tierras.
Bruselas ha señalado, además, que otras restricciones a la inversión transfronteriza también son ilegales y ha puesto el acento en prohibir la compra de tierras a compañías específicas, exigir cualificaciones o imponer obligaciones para ejercer agricultura no comercial.