Estos bonistas representan un "porcentaje material" de tenedores de deuda júnior del Popular cuyo valor fue reducido a cero tras la intervención del banco por las autoridades europeas y su posterior venta al Santander por el precio simbólico de un euro.
El bufete de abogados indicó que explorará las distintas medidas y comunicaciones de los reguladores que llevaron a una valoración de inviabilidad de la entidad, además de las decisiones del equipo gestor del banco español, aunque no especificó la jurisdicción ante la que podría buscar amparo.
"Estamos encantados de haber sido elegidos para representar a estos fondos, que han sufrido pérdidas desproporcionadas e innecesarias como resultado de la implementación de la decisión de la Junta Única de Resolución", declaró Richard East, socio de Quinn Emanuel.
En este sentido, East añadió que han aparecido ya una serie de "graves problemas", apuntando que el bufete examinará el plan de resolución y los eventos que desembocaron en la decisión adoptada y presentará reclamaciones allí donde considere necesario restaurar las posiciones o buscar indemnizaciones por daños.