En un comunicado, Aotec remarca que gracias a este decreto los ayuntamientos ya tienen "un primer marco claro, con tiempos tasados" sobre la creación de redes de banda ancha, en concreto para el acceso a infraestructuras públicas ya existentes como por ejemplo las canalizaciones eléctricas, con el fin de facilitar el despliegue de cableado.
En este sentido, la asociación asegura que este Real Decreto era "un paso esperado y muy necesario", ya que con él se comienza a desarrollar la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, un camino que "urge" culminar.
En su opinión, el procedimiento establecido despeja posibles dudas que pudieran tener los titulares de infraestructuras públicas, en especial los ayuntamientos, a la hora de conceder autorizaciones, por lo que confía en que contribuya a acelerar los despliegues.
"Aporta transparencia, establece mecanismos de resolución de conflictos e impulsa el uso de infraestructuras ya existentes para instalar la banda ancha, minimizando así las obras necesarias y por tanto, las molestias a la ciudadanía", afirma.
Aotec recuerda que el operador local suele establecerse en poblaciones de menos de 50.000 habitantes y, por lo general, centra su actividad en un municipio, donde pretende permanecer de forma estable "indefinidamente y prestando el mejor servicio posible de telefonía, Internet y contenidos televisivos".
Por ello, incide en que para realizar un despliegue ágil y eficiente es de "vital importancia" un buen entendimiento con las autoridades y celebra que la nueva normativa desgrana le "reglas del juego" a la hora de utilizar infraestructuras disponibles, lo que confía sirva para evitar dilaciones innecesarias y malos entendidos.
Pese a estas medidas, los operadores locales consideran "imprescindible y urgente" que se continúe con el desarrollo de la Ley de Telecomunicaciones, en especial en lo que respecta a los planes de despliegue y la declaración responsable.
En concreto, ve necesario que se lleve a cabo un desarrollo reglamentario que establezca sus condiciones para que se pueda hacer uso de esta herramienta, así como regular la declaración responsable, que hace posible acelerar el inicio de la actividad.
"Estas y otras cuestiones quedan al margen de la regulación aprobada y constituyen importantes escollos para el operador local allí donde no encuentra una interlocución fluida", agrega Aotec, quien insta al Ejecutivo que "convierta el desarrollo de la legislación en una prioridad".