En una atención a los medios tras reunirse con el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases, Beteta ha ratificado el compromiso del Ejecutivo de Mariano Rajoy para apoyar a todas las comunidades autónomas que no puedan hacer frente a sus pagos.
En ese sentido, Beteta ha precisado que estas aportaciones exceden el techo de déficit fijado para Cataluña este año --superior a la media de las comunidades autónomas.
El secretario de Estado ha asegurado que el próximo martes las farmacias recibirán cerca de 400 millones de euros en concepto de las facturas atrasadas --la suma de los 309 millones que contemplaba el Plan ICO Proveedores y parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)--, y ha asegurado que es el Gobierno catalán quien tiene la potestad de priorizar los pagos, algo que no ha hecho en el caso de las boticas.
"No quedará nada pendiente con las farmacias" después de que el Consejo de Ministros apruebe este viernes el pago y éste se haga efectivo justo en una semana, ha ratificado, una deuda que se ha generado porque la Generalitat decidió en su momento priorizar otras partidas, entre las que ha citado el pago a las universidades.
Beteta ha justificado el retraso por los mecanismos financieros que es necesario activar y ha insistido en que es el Gobierno quien socorre a Cataluña: "Quien debe es la Generalitat, el Gobierno facilita la liquidez".
Asimismo, ha asegurado que se trata de "una muy buena operación financiera" para el Ejecutivo catalán, ya que los intereses contraídos por estas trasferencias, a retornar en diez años, son muy inferiores a los precios de mercado.
Sumando los dos planes de pago a proveedores de 2011 y 2013, Catalunya recibirá en total 6.460 millones de euros --2.760 millones en 2011 y 3.700 millones en 2013--, una operación que permitirá un ahorro en intereses de 361,3 millones de euros, según cifras del Gobierno.
Con estas cantidades se logrará el pago de más de 780.00 facturas atrasadas correspondientes a 21.000 proveedores --518.000 facturas y 15.600 proveedores este año--, ya que a los 1.431 millones que se harán efectivo el próximo miércoles hay que añadir los 2.263,8 millones que contempla el pago a proveedores en su segundo tramo.
Beteta ha recordado que el 1 de enero de 2014 entrará en vigor la nueva ley de morosidad que obliga a las administraciones a pagar con un máximo de 60 días, algo que si no sucede obligará al Estado a descontar las asignaciones a los gobiernos autonómicos.