Dicho decreto incluirá la exención del pago de la tarifa de utilización del agua y del canon de riego para los titulares de explotaciones situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía hidrológica cuando hayan tenido una dotación inferior o igual al 50% de lo normal.
Otra iniciativa será el aplazamiento de la cuota de la Seguridad Social, una medida destinada a aplazar un año el pago de estas cuotas correspondientes a los meses de julio de este año a febrero de 2018 con el objetivo de aliviar las dificultades de tesorería.
En concreto, este real decreto podría ir mañana a la reunión del Consejo de Ministros, que todavía quedan pendientes detalles por concretar, según ha anunciado el subsecretario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, tras reunirse en la sede del Departamento con las organizaciones profesionales agrarias.
Haddad ha detallado que el conjunto de medidas propuestas se estructura en cuatro grupos, que están en torno al seguro agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación y la PAC.
De esta forma, en lo que se refiere al seguro agrario, se ha conseguido el compromiso de Agroseguro para agilizar las peritaciones para que la práctica totalidad de ellas estén finalizadas en el mes de julio y la totalidad en agosto.
Para ello, se han incrementado notablemente el número de peritos en el campo hasta un total de 360 en todo el territorio, con el objetivo de que los productores cobren lo antes posible las indemnizaciones. Además, las parcelas aseguradas en el seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos que no tengan viabilidad, tendrán la posibilidad de realizar el aprovechamiento en verde.
Respecto a la fiscalidad, se ha destacado la orden de reducción de módulos del IRPF para las producciones afectadas por adversidades climáticas que, para este año se estima en una reducción de la base imponible de 338 millones de euros. Los daños producidos en 2017, especialmente los de sequía, tendrán su reflejo en la propuesta que se elabore para la declaración de la renta de 2018.
Una de las medidas principales de las anunciadas ha sido la Orden de ayudas a la financiación agraria que se publicó el pasado 5 de junio, que permitirá facilitar el acceso a créditos de liquidez a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía. Esta línea contempla subvenciones de hasta el 100% del coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) y un volumen de crédito máximo de 90 millones de euros, que será ampliable en caso de agotarse.
En cuanto a las ayudas de la PAC, Agricultura, a través del Fega, va a solicitar a la Comisión Europea el adelanto del 70% de las ayudas directas y el 85% de las de desarrollo rural, lo que supone 3.000 millones de euros a nivel nacional.
Además, y para evitar la pérdida de estas ayudas, se está tramitando la inclusión de una disposición en el real decreto por el que se declara la situación de sequía en el Duero, por la que el Ministerio reconoce que la actual sequía constituye un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural, ya que podría provocar daños que destruyan más del 30% de la producción anual media, para dicho ámbito territorial.
El Departamento que dirige Isabel García Tejerina ha indicado que continuará realizando un seguimiento de la situación de sequía y de las medidas aplicadas en coordinación con las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas agroalimentarias y otras administraciones públicas.
Hace una semana, la organización agraria UPA cifró en 1.600 millones de euros las pérdidas económicas sufridas por los agricultores y ganaderos debido a las adversidades climatológicas de los cinco primeros meses de 2017, y advirtió de que esta cifra será mayor porque los cultivos no han terminado los ciclos.