La entrada en vigor de la Ley 25/2013 el 15 de enero del año pasado obligó a los proveedores de las Administraciones Públicas a utilizar la factura electrónica.
De esta manera, diez millones de facturas electrónicas emitidas por los proveedores de las AAPP se sumaron a las intercambiadas por las compañías españolas, que alcanzaron los 77,7 millones en este periodo, un 15,8% más que en el mismo semestre del año anterior.
Según el estudio, las empresas y las Administraciones Públicas ahorraron más de 434 millones de euros en la recepción de facturas durante el periodo analizado y casi 247 millones de euros en su emisión.
Además, la automatización de los procesos asociados a la factura electrónica permitió ahorrar cerca de 320.000 horas de trabajo en la emisión y casi 52.000 horas en la recepción. Por su parte, el papel ahorrado con el intercambio electrónico de facturas fue equivalente a más de 5.000 árboles, según Seres.
El coste medio estimado para la recepción de una factura es de 7,22 euros, frente a los 2,27 del formato electrónico; mientras que el de emisión es de 4,45 euros en papel frente a los 1,64 euros del formato digital.