Así lo ha señalado Gurría en una rueda de prensa junto al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tras presentar un informe sobre España en el que demanda más cambios para afrontar la recuperación del país.
"Toca mirar hacia adelante y asegurar la recuperación", ha señalado Gurría, tras celebrar, sin embargo, que España vuelva a crecer, a crear empleo y a generar confianza no sólo en los mercados, sino también en la sociedad española.
La OCDE ha revisado al alza su pronóstico de crecimiento para España en 2014 y 2015, cuando espera una expansión del 1,2% y del 1,6% respectivamente, frente a sus previsiones del pasado mes de mayo, que apuntaban a un ritmo del 1% este año y del 1,5% el próximo, según recoge un informe de la institución, que a raíz de estas mejores expectativas de crecimiento ha rebajado su pronóstico de paro para los dos próximos años, hasta el 24,6% en 2014 y el 23,6% en 2015.
En este sentido, las últimas previsiones del 'Club de los países desarrollados" contemplan una sensible mejoría del consumo privado, que crecerá un 2,1% este año y un 1,8% en 2015, tras varios años consecutivos en negativo, así como una aportación mucho menos negativa de la vivienda y del gasto de las administraciones públicas
Los riesgos
No obstante, a pesar de esta mejoría, la OCDE advierte de que aún persisten ciertos riesgos a la baja, incluyendo la "dependencia fundamental" del país, y más concretamente sus bancos, de la estabilidad financiera, la cual podría verse reforzada a través de actuaciones más decisivas en Europa.
Asimismo, la institución dirigida por el mexicano Angel Gurría advierte de que el elevado nivel de deuda pública "es una importante fuente de vulnerabilidad ante el posible recrudecimiento de las condiciones en los mercados de deuda soberana".
De hecho, según los pronósticos de la organización con sede en París, el endeudamiento bruto de las administraciones públicas españolas cerrará 2014 en el 98,4% del PIB, mientras que prevé que la ratio de deuda alcance el 101,4% el próximo año.
Una mejoría de las condiciones de financiación, que sirva para reactivar aún más la inversión, así como una mejor evolución del mercado laboral, que favoreciera un repunte más decidido del consumo, son factores que podrían impulsar al alza las perspectivas para España, subraya la OCDE.
Pide implementar “a fondo” las reformas
LaOCDE recomienda a España avanzar en la ampliación de las bases impositivas, incluyendo la completa eliminación de la deducción por compra de vivienda, así como revisar el régimen de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), a la vez que pide redistribuir la carga de los impuestos desde el trabajo hacia la imposición indirecta con el fin de impulsar la creación de empleo.
"Ampliar la base impositiva del impuesto sobre la renta haría que este tributo fuera en muchos casos más equitativo y reduciría su efecto distorsionador", señala la institución que sugiere que la reciente reforma tributaria del Gobierno sólo recoge parcialmente sus recomendaciones al centrarse en los impuestos sobre la renta y sociedades.
"Se podría hacer más para dar prioridad al empleo y mantener una distribución justa de la carga impositiva", sostiene la OCDE, que considera que actualmente la recaudación tributaria depende en gran medida de los impuestos sobre el trabajo, que son menos favorables al crecimiento y al empleo que los impuestos indirectos.
La OCDE considera que el núcleo de una futura reforma tributaria debería contemplar una reducción permanente en las contribuciones empresariales a la Seguridad Social centrada en aquellos trabajadores con menor retribución, grupo en el que la necesidad de estimular la oferta de empleo es más acuciante y presenta la mayor elasticidad de la demanda con respecto al salario.
"El Gobierno debería complementar la disminución del impuesto sobre la renta con rebajas en las aportaciones a la Seguridad Social orientadas a los trabajadores con menor retribución", apunta el informe, que reconoce que "proceder en este sentido requeriría financiar parcialmente la Seguridad Social mediante ingresos tributarios generales".
Eliminar la deducción por vivienda
Asimismo, la institución destaca la propuesta para modificar el modo en que se incentiva el ahorro a medio plazo a través del sistema tributario reduciendo la limitación de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones personales, creando otros planes de ahorro a largo plazo y equiparando el tratamiento de las plusvalías, el rendimiento de los depósitos y otras rentas del capital
No obstante, la institución advierte de que "el Gobierno debería controlar estrictamente estos incentivos, dado que suelen beneficiar a los hogares con rentas más altas y en cualquier caso podrían traducirse en una mera sustitución de un instrumento por otro, en lugar de incrementar el volumen total de ahorro".
Por otro lado, el 'Club de los países desarrollados' considera necesario eliminar la deducción fiscal por pagos hipotecarios para quienes adquirieron sus viviendas antes de enero de 2013, que calcula podría suponer un coste para las arcas públicas de 1.800 millones de euros en 2014 además de beneficiar únicamente a un grupo de hogares.
Revisar el tratamiento de las sivac y el IVA
Por otra parte, la institución pide que el Gobierno, junto con otros países de la UE, revise el tratamiento de los instrumentos de inversión colectiva, concretamente el que reciben las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), las cuales tributan por el impuesto sobre sociedades a un tipo de tan solo el 1%, así como reforzar los
En cuanto al impuesto sobre el valor añadido (IVA), la organización señala que, a pesar de que la base del tributo ya se amplió en 2012, sigue siendo "una de las más limitadas de las economías de la OCDE".
"Desde un punto de vista económico, la mejor opción sería aplicar el tipo normal del IVA a la base impositiva más amplia posible", sostienen los autores del informe, que, sin embargo, dado el carácter regresivo del IVA, admiten la adopción de medidas que mitiguen el impacto sobre las rentas más bajas, ya sea mejorando la red de protección social o excluyendo bienes de primera necesidad como los alimentos, aunque este último aspecto "podría minorar parcialmente la efectividad de la reforma".