Se trata del segundo pilar de la unión bancaria, cuyo objetivo es acabar con la fragmentación financiera en la eurozona y romper el vínculo entre Estados y bancos.
No obstante, el compromiso diluye la propuesta inicial de la Comisión y se ajusta a las exigencias de Berlín, que rechaza pagar por los problemas de la banca de otros Estados miembros.
Así, se creará un fondo europeo único para financiar quiebras y reestructuraciones, que se nutrirá de aportaciones de los bancos con el fin de evitar que sean los contribuyentes los que paguen futuras crisis. El fondo alcanzará una dotación de 55.000 millones de euros en un plazo de 10 años.
Pero en un primer momento, el fondo estará formado por compartimentos nacionales y sólo se convertirá en un fondo europeo único tras un periodo transitorio de 11 años, tras una mutualización progresiva a un ritmo del 10% al año. Ello significa que, hasta entonces, cada país deberá asumir las pérdidas de su banca.
Además, para poner en marcha este fondo deberá firmarse un nuevo Tratado intergubernamental, al margen del derecho comunitario, que tiene que negociarse antes del 1 de marzo de 2014, algo que ya ha sido denunciado por la Eurocámara.
El acuerdo establece además un complejo sistema de toma de decisiones para liquidar un banco que ya ha sido criticado por la Comisión y por el Banco Central Europeo (BCE) por considerar que no podrá responder a situaciones de emergencia.
Las decisiones sobre el cierre de un banco serán preparadas por un consejo de resolución, en el que estarán representados los Estados miembros. Aunque formalmente se designa a la Comisión como autoridad de liquidación, ésta se limitará a ratificar las decisiones del consejo de supervisión. Si no está de acuerdo, la decisión se elevará al Consejo, donde están representados los Veintiocho, que tendrán la última palabra, como quería Berlín.