En el escrito, los firmantes manifiestan, por un lado, que los cargos que pesan sobre el periodista "carecen de credibilidad" y, por otro, que existen razones jurídicas suficientes para que, a la luz de lo que establece la Ley de Extradición Pasiva (LEP), España "deniegue" su extradición a Turquía.
Además, las organizaciones de periodistas ponen de relieve en el documento la situación actual de "vulneración sistemática de los Derechos Humanos en Turquía".