El Pleno del Congreso convalidará el martes el real decreto Ley que regula el canon digital. Con este nuevo texto se regresa al modelo del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, por el que el pago de la copia privada recae en fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción.
El Ejecutivo ha llevado a cabo esta modificación después de que la actual normativa, que puso en marcha el PP en 2011 y que cargaba este gasto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), haya sido tumbada por el Tribunal Supremo y por la UE al considerar que es ilegal e incompatible con la directiva europea existente en esta materia.
El nuevo texto fija una implantación escalonada para facilitar la introducción del nuevo modelo. Así, el primer año tras la entrada en vigor de esta norma se aplicará de manera provisional la compensación prevista en la Disposición Transitoria Segunda, que establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.
Como ejemplo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha puesto como ejemplo que por un teléfono móvil o smart-phone los fabricantes abonarán 1,10 euros, mientras que un dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet tiene un gravamen de 3,15 euros. Asimismo, precisa que se graban a los mismos aparatos que en los países de la UE, pero "en una horquilla de cuantías más baja".
Transcurrido un año se regulará mediante Real Decreto tanto la relación de equipos, como las cuantías, para adaptarlas a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado.
SIN CIFRAS DE COMPENSACIÓN
De hecho, el informe sobre el impacto económico de esta norma, recogido por Europa Press, no precisa cuál será la cuantía que recibirá el Ejecutivo con la aplicación del nuevo canon. Según apunta, será la puesta en marcha de la norma y la evolución del mercado lo que "demuestre realmente las cuantías del perjuicio compensado".
Tras el anuncio de la aprobación, este lunes tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha explicado que este texto ha sido dialogado con los grupos políticos, unas palabras que han sido confirmadas por Ciudadanos y PSOE.
Así, la mayoría de las formaciones han coincidido en apoyar esta modificación, aunque han señalado que llega tarde. Los responsables de cultura de PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos han señalado que estudiarán el contenido del decreto antes de su convalidación para comprobar que cumple lo exigido por la justicia. Además, se han mostrado abiertos a que el texto se tramite como proyecto de ley para iniciar un debate sobre este materia e incluir cambios.
LOS CONSUMIDORES, CONTRARIOS
Sin embargo, desde las asociaciones de usuarios de Internet, los partidos han sido llamados a rechazar este decreto. La intención, según explicaron a Europa Press los presidentes de la Asociación de Internautas y de la Asociación de Usuarios de Internet, Víctor Domingo y Miguel Pérez Subías, respectivamente, es que se abra un debate pausado sobre el tema.
A su juicio, este nuevo texto ha sido aprobado "con cierta alevosía" y han denunciado que no han sido llamados por el Ejecutivo para exponer su opinión sobre este nuevo canon digital.
Tampoco apoya esta medida FACUA-Consumidores en Acción que considera que "sólo beneficia a entidades de gestión y perjudica a los consumidores". La asociación critica que se cobre por adelantado un canon presuponiendo que el usuario va a realizar una determinada actividad que podría perjudicar a los titulares de ciertos derechos.
"Injusto", "obsoleto" y "discriminatorio" son las palabras usadas por la OCU que también cree que será el usuario el "culpabilizado de forma preventiva" y tendrá que pagar "de manera injusta por algo que no debe".
"SE RECAUDARÁ MÁS"
Por el contrario, desde la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, Adepi, han celebrado el cambio porque "resuelve una situación que estaba fuera de juego a nivel europeo" y ha reconocido que España recaudará más "que los exiguos cinco millones de euros" que contemplaban los PGE para este fin con el anterior modelo. Por su parte, la Asociación de Usuarios de la Comunicación ha celebrado la rectificación del Gobierno y que el pago por copia privada vuelva a recaer en los fabricantes y distribuidores de equipos.
Finalmente, la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic) ha denunciado que el Gobierno no ha tenido en cuenta los daños causados al autor al establecer las tarifas.
Para la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (Ametic), el fin de estos precios debería ser, precisamente, restituir o compensar los daños causados a los actores, por ello cree que estas cantidades deberían haberse decidido con posterioridad, mediante Real Decreto.