El texto aprobado apuesta por adaptar la legislación para que sea posible "adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de la actividad económica y poder modificar dicha potencia contratada a lo largo del año para favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico".
Asimismo, propone una tarifa de discriminación estacional para pequeñas y medianas empresas y cooperativas, con lo que las empresas distribuidoras quedarían obligadas a atender las peticiones de modificación de tarifa, su modalidad de aplicación y la potencia contratada.
En caso de disponer de contrato de potencia estacional, el consumidor podría modificar voluntariamente la tarifa, potencia contratada o sus modos de aplicación, de acuerdo al mismo. Este tipo de contratos permitiría acuerdos entre el suministrador y el cliente para fijar tarifas, condiciones técnicas de acceso y potencias diferentes para cada período del año.
En este sentido, el Congreso insta a que por cada período tarifario se contrate una potencia aplicable durante todo el año pero con la posibilidad de acordar cambios estacionales.
Por último, la moción aprobada incluye la realización de una auditoría del sistema eléctrico para la revisión de los costes de las redes que permita una reforma del mercado eléctrico "para garantizar que la fijación de los precios refleje el coste de generación, fomentando las energías renovables".