El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto del Gobierno sobre la intervención de Caja Castilla-La Mancha, diseñada por el Banco de España, con el apoyo, entre otros grupos, del Partido Popular.
El portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, ha anunciado el voto favorable de su grupo porque "lo que nos importa es el presente y futuro de la caja, porque lo que nos importa es clarificar el presente y el futuro de los depositantes".
El Gobierno se prepara
Durante su comparecencia en el pleno del Congreso, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha confirmado que el Gobierno está preparando una "herramienta excepcional" para ayudar a las entidades financieras con dificultades, que se aplicaría si no funcionan las soluciones privadas, o el uso del Fondo de Garantía de Depósitos.
Salgado también ha subrayado que el Gobierno no va a modificar la Ley de Cajas porque no es necesario hacerlo para favorecer la reestructuración del sistema que recomienda el Banco de España y que comparten las propias cajas.
Rebajará previsiones
Tras comparecer en el Congreso, Salgado ha asegurado que el Gobierno "previsiblemente" rebajará sus previsiones para la economía española más adelante, al tiempo que afirmó que el Ejecutivo aún dispone de margen fiscal para hacer frente a la crisis.
Así lo puso de manifiesto Salgado en rueda de prensa para presentar las nuevas medidas para facilitar el pago de la deuda de los ayuntamientos con las pequeñas empresas y autónomos.
Nuevas medidas
La vicepresidenta económica ha presentado dos nuevas medidas, que el Consejo de Ministros aprobará este viernes mediante un real decreto-ley, que aportarán hasta 14.000 millones de euros a los ayuntamientos y entidades locales para pagar las deudas pendientes que mantienen con empresas y autónomos, con el fin de aliviar los problemas de liquidez de este colectivo.
Por un lado, el real decreto ley permitirá a los ayuntamientos realizar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008, incluyendo las facturas pendientes con empresas y autónomos.
Además, el Gobierno articulará a través del ICO la inmediata puesta en marcha de una nueva línea de crédito para avalar por un importe máximo de 3.000 millones a las empresas y autónomos con deudas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos.