El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado hoy el recurso de súplica interpuesto por la Generalitat y el Parlamento catalanes relativo a la competencia de este órgano para dictar sentencia sobre el Estatut de Cataluña, confirmando así su legitimidad para seguir trabajando en este asunto. Durante la reunión, que ha durado unas dos horas, no se ha llegado a abordar la ponencia de sentencia elaborada por la presidenta del órgano, María Emilia Casas, sobre la norma catalana.
Fuentes del TC han señalado que la resolución sobre la competencia no será notificada previsiblemente hasta mañana, cuando está previsto que también se solvente el segundo recurso de súplica interpuesto por el Govern, relativo al reintegro en las deliberaciones del magistrado del 'sector progresista' de este órgano Pablo Pérez-Tremps.
El recurso relativo a Pérez-Trems fue interpuesto el pasado jueves por la Generalitat después de que el Constitucional rechazara su petición para volver a incluir en las deliberaciones a este magistrado, que fue apartado por haber realizado labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea.
El Tribunal Constitucional podría acordar mañana no tramitarlo, pues lo contrario obligaría a dar traslado a todas las partes personadas en el procedimiento y dilataría en varios días el trámite para una resolución que, previsiblemente, también será denegatoria.
La Generalitat solicitaba reintegro de Pérez-Tremps con el fin de reforzar los apoyos progresistas al Estatut dentro del tribunal. En su escrito, argumentaba que, una vez que se ha planteado la votación de la sentencia artículo por artículo, no habría impedimentos para que este magistrado pudiera estar presente en la votación relativa a los preceptos que no se refieran a las relaciones exteriores del Govern.
Competencia
En la sesión de hoy - en la que sí estuvo presente el magistrado Pascual Sala, que ayer se ausentó por motivos de salud- el tribunal ha redactado el rechazo del recurso de súplica pese a que un tercio de sus magistrados, entre los que se incluye su presidenta, María Emilia Casas, estén pendientes de renovación desde diciembre de 2007.
La deliberación sobre este recurso se ha producido tras concluir el plazo a la Abogacía del Estado, al Congreso, al Senado y a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronunciaran sobre las pretensiones del Ejecutivo y el Legislativo catalanes.
Según fuentes del órgano constitucional, este borrador asume con algunas modificaciones las mismas tesis que la que elaboró en su día la magistrada del "sector progresista" Elisa Pérez Vera -que fue rechazada por seis votos frente a cuatro- respecto a los aspectos más polémicos de la norma, tales como la inclusión del término 'nación' en el Preámbulo o los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado.
En previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario para aprobar su ponencia -que podría incluir 15 declaraciones de inconstitucionalidad y el sometimiento a interpretación de otros 24 preceptos- la presidenta del Tribunal se muestra dispuesta a someter su texto a una votación por bloques, pues su objetivo de lograr que haya sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma hace unas semanas a un grupo de periodistas.
Fórmulas de voto
En principio, ninguno de los magistrados que deliberan sobre el estatut es contrario a ir dictaminando sobre el borrador por bloques o incluso precepto por precepto, basándose en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que señala que "la votación, a juicio del presidente (del tribunal), podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse".
La fuerte división en bloques de los diez magistrados que discuten sobre el Estatut -queda fuera Pablo Pérez-Tremps, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo-, permitepronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en el tribunal de garantías.
El borrador de Pérez-Vera fue apoyado, además de por su autora, por la presidenta del Tribunal y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala, que podrían volver a ofrecer su apoyo a Casas en atención a la coincidencia de las tesis de ambas magistradas.
En contra del "ponencia progresista" se manifestaron el vicepresidente Jiménez y los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón, todos ellos pertenecientes al "sector conservador" del órgano con excepción del último, quien pese a haber sido situado en el ala ideológica contraria ha venido manifestando serias discrepancias con algunos aspectos de la norma, como el relativo al significado del término "nación".