El Tribunal ha acordado anular las sentencias que condenaron a la familia de Antonio Meño a pagar 400.000 euros por costas judiciales. Antonio Meño se quedó en estado vegetativo en 1989 al someterse a una rinoplastia. La familia presentó una demanda de revisión al Supremo este año alegando que había un nuevo testigo de lo sucedido en el quirófano. Hace unas semanas, el Supremo escuchó el testimonio, se trataba del doctor Ignacio Frade, quién aseguró que había estado presente en aquella intervención como aprendiz y vio como el tubo de anestesia se desconectó durante la operación. De esta manera, el paciente perdió oxígeno hasta sufrir la lesión cerebral. Frade recordó durante su testimonio que "el anestesista no estaba y se avisó a la enfermera auxiliar para que le llamara. A los minutos llegó. Le levantó los paños y comprobó que el tubo de anestesista a través del cual respiraba estaba desconectado".
Esta versión, ha dado un vuelco inesperado al caso. De este modo, el Tribunal Supremo considera "acreditada la maquinación fraudulenta", es decir, que la clínica, de forma inesperada, ha ocultado la existencia de Ignacio Frade en estas dos décadas de juicios. Este testimonio "pone de manifiesto la realidad de un fraude procesal", motivado por el propósito de los procesados de no querer esclarecer el caso.
Un giro de 180º
Ante estos últimos acontecimientos, la familia de Antonio Meño, podría demandar de nuevo a la clínica y reemprender la lucha en los tribunales. Sin embargo, fuentes de las dos partes enfrentadas aseguran que es probable que no haya nuevo juicio, sino que se alcance un acuerdo de indemnización que ponga fin a una larga historia de pleitos.