Así lo ha precisado el Elíseo en la nota, Sarkozy "ha reafirmado su voluntad de aplicar todas las decisiones que anunció el 30 de julio en Grenoble" y, en particular, ha subrayado su determinación de ver aprobadas "cuanto antes" las medidas concretadas.
En el discurso que pronunció en Grenoble, después de que esa ciudad fuera escenario de unos disturbios a raíz la muerte de un presunto atracador por disparos de la Policía, en los que estuvieron implicados gitanos, Sarkozy anunció también los planes de eliminar todos los campamentos de gitanos ilegales y expulsar a sus residentes en el plazo de tres meses.
Retirada de la nacionalidad
Sarkozy busca una reforma de la ley de inmigración para facilitar las expulsiones de inmigrantes irregulares, entre ellos ("en ciertas circunstancias") ciudadanos de la Unión Europea. Las expulsiones se llevarían a cabo en caso de amenaza al orden público, ausencia permanentemente de medio de subsistencia o abuso del derecho de libre circulación, precisa la nota.
La retirada de la nacionalidad francesa "a quienes atenten contra la vida de una persona depositaria de una autoridad pública, en particular policías y gendarmes", sería aplicable dentro de los diez años posteriores a la obtención de la nacionalidad. En lo que respecta a la poligamia, "las sanciones por fraude a las prestaciones sociales serán reforzadas".
Prisión de hasta 30 años
Otra de las propuesta prioritarias de Sarkozy es que se establezca "una pena de prisión de 30 años sin posibilidad de reducción a los asesinos de policías y de gendarmes", así como "la generalización de penas mínimas para los autores de actos de violencia agravados", como los que se comenten dentro de las bandas y contra personas vulnerables o miembros de las fuerzas de seguridad.
Además, según la nota, Sarkozy quiere ampliar el recurso a la vigilancia judicial por brazalete electrónico para los reincidentes que hayan completado su condena. Asimismo, aboga por "una mejora de la eficacia de la justicia de menores infractores mediante la convocatoria directa de los reincidentes ante un tribunal para menores".
Poner fin a la ocupación de propiedades públicas
También pretende "reforzar los poderes de la prefectura para poner fin a la ocupación ilícita de propiedades públicas y privadas y evacuar los campamentos ilegales".
"Estas nuevas disposiciones han sido elaboradas con el escrupuloso respeto a los principios republicanos y a la jurisprudencia del Consejo Constitucional y del Derecho Europeo y deben ser aplicadas bajo los mismos principios", señala la nota. Según el comunicado, dichas propuestas serán remitidas al Parlamento para su consideración y el Gobierno espera que estén en vigor a finales de 2010.