Ripoll ha desmentido que en los registros se haya encontrado dinero, ni en el registro de su domicilio, en el que se requisaron documentos de ámbito doméstico, ni en el despacho de su secretaria, donde recogieron documentos de ámbito oficial.
Asimismo, ha afirmado que en el momento de los registros se le comunicó que estaba detenido y añadió que se le entregó un escrito de citación para mañana, día 8, con el fin de que declare en el Juzgado número 3 de Orihuela (Alicante). Ha anunciado que acudirá a esa cita y ha dicho que comparecerá ante los medios para aclarar aquello que no sea objeto del secreto de sumario. Finalmente, Ripoll ha comentado que su ánimo "es bueno" y que ha recibido el apoyo de su presidente nacional, Mariano Rajoy, y del presidente valenciano, Francisco Camps.
Operación enmarcada en diligencias abiertas en 2007 bajo secreto de sumario
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela (Alicante) ha informado de que la operación policial desarrollada este martes en instituciones públicas de Alicante y Orihuela se enmarca en unas diligencias previas que, desde marzo de 2007, se hallan bajo secreto sumarial. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han explicado, a través de un comunicado, que la instrucción de la diligencias ha sido asumida desde marzo de 2007 por varios jueces, tanto titulares como sustitutos, de forma permanente u ocasional.
El actual magistrado asumió la causa, tras su incorporación al Juzgado de Orihuela, a finales del pasado mes de febrero, por lo que la causa contaba ya con casi tres años de investigación bajo secreto decretado por otros instructores. Las mismas fuentes han advertido a los medios de comunicación de que el Magistrado titular del Juzgado que instruye la causa "no hará ninguna alusión siquiera sucinta de los hechos, delitos ni personas físicas o jurídicas a los que se refiera la investigación". Por ello, el Juzgado de Orihuela ha subrayado que no ha dado orden alguna de autorización a la Oficina Judicial, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial, para proporcionar información sobre estas actuaciones ante el "evidente riesgo" de desvirtuar el secreto del sumario. Además, según han remarcado, "por el respeto que debe observarse a los derechos y garantías constitucionales y legalmente establecidas, que se reconocen a los afectados por tales actuaciones".
Por lo que respecta a posibles cargos, fuentes del TSJCV han manifestado que "no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aun tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna", ya que los arrestos del martes forman parte de una actuación policial previa a la que pueda derivarse posteriormente en el juzgado. Del mismo modo, "no se ha acordado la citación judicial ni la imputación judicial respecto de ninguna de las personas", salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial. Sin embargo, a las 12.00 horas de este mediodía, Ripoll ha asegurado ante los medios de comunicación que la Policía se presentó en su domicilio con el secretario judicial y que le dieron una citación para mañana jueves ante el juez, 8 de julio a las 14 horas.
Aunque estas fuentes no han precisado qué tipo de actuación se llevó a cabo en esa fecha, a raíz de las diligencias abiertas dos meses antes, el Ministerio del Interior, a través de un comunicado, ha expuesto que las detenciones de ayer se enmarcan en la operación "Brugal", cuya investigación comenzó en 2007 por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de basuras en Orihuela.
Esta mañana, vuelta a la normalidad
Ripoll, que abandonó la Comisaría alrededor de las ocho de la tarde tras declarar durante "diez minutos", según expuso uno de sus letrados, ha llegado a las 09:30 horas de hoy a la Diputación. El trabajo diario de la institución provincial ha vuelto esta mañana a la normalidad, después de que el pasado martes numerosos efectivos policiales registraran algunas de sus dependencias en el marco de una operación dirigida por la fiscalía anticorrupción y el juzgado número tres de Orihuela.
El presidente de la Diputación de Alicante declarará este jueves ante el citado juzgado, así como los diez detenidos restantes en esta misma operación, entre ellos tres concejales de Orihuela y varios empresarios.
Se mantienen los cargos
Fuentes policiales indicaron han indicado que se mantienen los cargos contra todos los arrestados, entre ellos el presidente de la Diputación alicantina, José Joaquín Ripoll, tres concejales y los empresarios Enrique Ortiz y Angel Fenoll, que deberán comparecer en los próximos días ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, encargado del caso. Por su parte, la Diputación de Alicante aseguraba mediante un comunicado que el responsable de la institución había salido libre sin cargos.
A los arrestados, se les imputan, según los casos, los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento. En el transcurso de la operación, los agentes realizaron registros en el domicilio particular de Ripoll, así como en la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela, los domicilios de varios ediles populares de Orihuela, y en las oficinas y residencias particulares de los empresarios Angel Fenoll y Enrique Ortiz, entre otros.