El pasado 3 de junio el juez encargado del caso en un tribunal de Tampa (Florida), Mark Pizzo, dio la razón a España en su reclamación del tesoro, valorado en más de 500 millones de dólares, al señalar que él carece de jurisdicción porque proviene de un buque de guerra español sujeto a la inmunidad soberana.
Pero, para este grupo de descendientes de los mercaderes que depositaron su fortuna en el barco Nuestra Señora de las Mercedes cuando zarpó del puerto de Lima en 1804, el informe del juez yerra al no reconocer aspectos esenciales.
"Transportaba bienes privados"
En primer lugar, que la empresa de exploración submarina Odyssey "ha actuado correctamente" en todo momento. Además, dice la alegación, "La Mercedes", que se hundió en el Atlántico tras recibir el cañonazo de una fragata británica, "transportaba bienes privados en el momento de su desaparición".
A juicio de la empresa, el barco se hallaba comprometido en una misión comercial en el momento de su hundimiento, por lo que no estaría amparado por la Ley de inmunidad soberana. "El informe del juez recomienda que todas las monedas extraídas sean entregadas a España porque estaban en 'La Mercedes', por lo que ignora completamente que España no estaba en posesión de ninguna de las monedas recuperadas", señala la alegación de Odyssey.
Niegan las argumentaciones españolas
Rechazan además el argumento del Gobierno español de que los restos de la fragata pertenecen a un cementerio de guerra, protegido por la inmunidad soberana del Reino de España.
En ese sentido, los reclamantes manifiestan que no se han encontrado restos humanos en el lugar donde se recuperaron las monedas de plata y oro. Es "inexacto y deliberadamente incendiario" calificar de "profanación de tumba" la operación de rescate realizada de Odyssey.