El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y de Seguridad Social con el objetivo de responder a los cambios en los tipos de fraude debido a la crisis, especialmente en lo relacionado con la economía irregular y el trabajo no declarado.
Así lo han anunciado tras el Consejo de Ministros las vicepresidentas María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, quienes han destacado que el Plan incluye 60 medidas orientadas a la prevención, a coordinar la captación de la información, a mejorar la eficacia del control sobre el fraude y a cooperar en las acciones de recaudación, con la colaboración entre los organismos públicos.
El Gobierno prevé que el Plan aporte unos ingresos equivalentes al 0,1 por ciento del PIB (unos 1.000 millones de euros) en 2013 que servirán para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas.
De la Vega ha señalado que con el Plan se reforzará la lucha contra los paraísos fiscales y el fraude con el triple objetivo de defender un modelo social, garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y proteger la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
La vicepresidenta primera ha destacado que el Plan es una medida para reforzar la equidad económica. Ha asegurado que se eliminarán trabas burocráticas y se posibilitará el acceso a las ayudas públicas a las empresas mediante un diagnóstico precoz de las irregularidades menores.
El Plan entre 2005 y 2009
Salgado ha destacado que entre 2005 y 2009 el Plan de Prevención del Fraude Fiscal reportó a Hacienda 35.500 millones con la persecución de los mecanismos de fraude más complejos y sofisticados, cuya prevención es todavía más importante en tiempos de crisis.
Además, ha indicado que en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, "donde la intención primera no es recaudatoria", la Tesorería de la Seguridad Social obtuvo un ingreso adicional de 1.425 millones de euros, mientras que la Inspección de Trabajo recaudó 960 millones como producto de sus actuaciones.
También ha incidido en que el fraude distorsiona la actividad económica, supone una competencia desleal y es un ataque directo a los trabajadores y consumidores.
Reducción de cargas administrativas
La vicepresidenta segunda ha afirmado que se fomentará el cumplimiento reduciendo las cargas administrativas con la creación de un certificado conjunto de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en materia de la seguridad social.
Asimismo, se harán campañas de concienciación cívica de cumplimiento de las diferentes obligaciones.