Tercer día de filtraciones de Wikileaks. "El País" publica este miércoles que ministros españoles "trabajaron" para que no prosperasen las órdenes de detención internacional contra los tres soldados involucrados en el asesinato del cámara de televisión José Couso en Bagdad, según asegura el ex embajador de EEUU en Madrid Eduardo Aguirre en un telegrama confidencial.
Así lo recogen los documentos filtrados por Wikileaks al diario "El País", donde se refleja el apoyo del Ejecutivo español a la embajada de EEUU en el 'caso Couso'.
Sobre este asunto, el embajador dirigió un cable a la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, en el que aseguraba que el Gobierno español había "ayudado entre bastidores" a que la fiscalía apelara las decisiones del juez.
En julio de 2004, el encargado de negocios de la embajada le dijo al entonces secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, que si el juez acusaba formalmente a los soldados, EEUU esperaba que el Ministerio de Asuntos Exteriores expresara claramente a la Audiencia Nacional su oposición.
De la Vega, Moratinos y López Aguilar, citados
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó, en octubre de 2005, orden de detención internacional contra los tres militares norteamericanos. Tras la resolución judicial, los entonces ministros de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se pusieron en contacto con el embajador para tranquilizarlo.
López Aguilar le transmitió que el Gobierno "pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos", mientras que Moratinos le aseguró que "si el magistrado arreglaba las cuestiones técnicas, el Ejecutivo pasaría a apelar la resolución".
Con esta información, el embajador envió un telegrama confidencial en el que señalaba que "los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención".
La fiscalía recurrió la resolución de Pedraz y en marzo de 2006 la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó el 'caso Couso'.
Poco después, la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega se reunió con el embajador y le dijo que Conde-Pumpido le había informado de la "excelente cooperación de la que había disfrutado por parte de la embajada y las autoridades norteamericanas para ayudar a concluir el caso".
Sin embargo, la familia de Couso recurrió al Tribunal Supremo y en diciembre de 2006 éste les dio la razón y ordenó a la Audiencia Nacional que reabriera el caso. Pedraz pidió a la embajada los datos completos de los tres imputados. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido recomendó al embajador que contestara de forma "superficial" para minar el argumento de Pedraz de que EEUU no estaba colaborando.
El caso "no iba a llegar a ninguna parte"
En este sentido, Conde-Pumpido se mostró convencido de que España no tiene jurisdicción sobre el caso y "anticipó" que el asunto "no iba a llegar a ninguna parte", a la vez que tranquilizó a Aguirre transmitiéndole que cualquier petición de extradición de los tres militares tendría que ser aprobada por el gobierno español.
Aguirre dijo que intuía que el gobierno de España "buscaría una vía para acabar el caso de forma silenciosa".
No obstante, el 27 de abril de 2007 el magistrado acusó formalmente a los militares de un delito contra la comunidad internacional y de asesinato, y la embajada empezó a plantearse presionar al Ejecutivo.
Según el telegrama enviado por el embajador Aguirre,éste refiere que "claramente el juez Pedraz tiene la intención de seguir este caso de forma agresiva. Continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del Gobierno español para presionar con el fin de lograr la retirada de los cargos..."
El 10 de mayo el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, aseguraba, según un cable de la embajada de EEUU, que el Gobierno de España "trabajaría con el de EEUU para asistirlo en el proceso".
Un día después, el procesamiento de los soldados estadounidense fue recurrido por la fiscalía y el 14 de mayo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, informó de ello a la embajada de EEUU y manifestó que aunque compadecía a la familia de José Couso, había concluido tras una evaluación técnica que la muerte del cámara no fue intencionada.
Un mes después, tras una comida entre Conde-Pumpido y el embajador Aguirre, éste transmite que el fiscal general del Estado "continuaba haciendo lo que podía para que el caso fuera archivado...".
Orden de detención internacional contra Assange
La polémica por la filtración de 250.000 documentos diplomáticos por parte de Wikileaks se eleva tras la orden de detención dictada contra su fundador. La Interpol ha emitido una orden de detención de categoría roja contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ante la petición cursada por la Justicia sueca que le acusa de los delitos de violación, abusos sexuales y coacción.
Tras conocer la noticia, el abogado de Assange,Bjorn Hurtig, aseguró que el australiano ya esperaba una orden de este tipo a pesar de que se considera inocente de todos los cargos que se le imputan, por lo que probablemente apelará una eventual sentencia condenatoria.
En otras ocasiones el fundador de Wikileaks ha calificado de "circo judicial" la decisión de Suecia de abrir una investigación por estas acusaciones, lo que ha frenado sus planes de instalar la sede del portal en este país para beneficiarse así de sus estrictas leyes de protección a los periodistas.
Esta orden llega días después de que el portal digital divulgara más de 250.000 cables diplomáticos de EEUU a través de cinco medios impresos('The New York Times', 'The Guardian', 'Der Spiegel', 'Le Monde', y 'El País') causando una gran conmoción en la comunidad internacional por el contenido de los mismos.