Del total de veinte imputados en la causa, el ex diputado del PSC es el único que permanece en la cárcel ya que la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el 14 de diciembre el recurso interpuesto por el presunto "cerebro" de la trama contra su prisión, al entender que había un "elevado riesgo" de destrucción de pruebas.
El tribunal consideró entonces que la puesta en libertad de García acarrearía "un elevado riesgo de que se destruyan evidencias u otros datos, documentos o elementos necesarios en la investigación", además de poner de manifiesto que el imputado "dispone de cuantiosos fondos y, presuntamente, realiza actividades fuera de la jurisdicción española".
Garzón imputó al ex diputado del PSC de los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental al considerarlo el "nexo de unión" de los demás imputados con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y, "especialmente", con el ex alcalde de esta localidad, Bartomeu Muñoz, en libertad bajo fianza de 500.000 euros.
Libertad bajo fianza
Entre los imputados figuraban también los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, a los que Garzón dejó en libertad bajo fianza de un millón de euros en diciembre, aunque la Audiencia Nacional rebajó esa cantidad a 200.000 euros el pasado mes de febrero.
También fue arrestado el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, que desde el pasado mes de diciembre está en libertad bajo fianza 200.000 euros, y el ex gerente de los servicios municipales de esa localidad, Pasqual Vela, que quedó en libertad bajo fianza tras comparecer ante Garzón el 30 de octubre.
El juez de la Audiencia Nacional también impuso fianzas a los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo, mientras que a los otros once imputados en la segunda fase de la operación no les impuso ninguna medida cautelar, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Esta presunta trama de corrupción defraudó un total de 44.754.000 euros a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andreu de Llavaneras en los que actuó con las operaciones "Pallaresa", "Badalona" y "Niesma", respectivamente.