El juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), se ha reanudado este lunes con la declaración del abogado Juan Hoffmann sobre la operación Crucero Banús, por la que también están acusados el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el ex comisario Florencio San Agapito y el que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román.
La vista oral se ha retomado con la fase de declaraciones de los acusados en el bloque de blanqueo de capitales y, en concreto, en esta operación urbanística, como son, además de Hoffman y Roca, el que fuera primer teniente de alcalde marbellí Pedro Román, su hija Pilar y el ex comisario Florencio San Agapito. Está previsto que Roca declare el último de éstos, tras lo que lo harían tres procesados más, que son el empresario José Avila Rojas, el ex alcalde Julián Muñoz y el tasador José Mora.
En esta operación urbanística, la Fiscalía Anticorrupción ha explicado que, Román "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman "para adquirir una determinada parcela sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, con objeto de revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El perjuicio para las arcas municipales es de casi cinco millones de euros, mientras que los acusado lograron un beneficio de más de seis millones.
Hoffman está acusado por el fiscal de dos delitos de blanqueo de capitales, por los que se solicita siete años de prisión y multa de 102,6 millones de euros; y otro delito contra la Hacienda Pública, por el que se pide tres años de cárcel y multa de 460.000 euros. Para la acusación pública, este abogado era el encargado de la estructura societaria en el extranjero de Roca, aunque en su declaración ha dicho que no lo conocía en 1991, cuando los informes policiales ya los relacionan a ambos.
Así, ha asegurado que en 2001, fecha en la que se inició la operación inmobiliaria no tenía relación de amistad o negocio con el presunto cerebro de la trama de corrupción, al que conocía, según ha dicho, "básicamente de hola y adiós". En este sentido, ha señalado que su conocimiento de las actividades presuntamente delictivas de Roca era "ninguno", precisando que "no se podía tener ninguna, ni siquiera había sido imputado en ningún caso".
Hoffman ha asegurado que el precio real de la operación urbanística fue de cuatro millones de dólares, que se correspondía con 4,3 millones de euros de la época, aunque se hizo constar un precio menor "por imposición del vendedor". Según la acusación, el convenio urbanístico con la corporación municipal permitió un incremento de edificabilidad de 532 a 11.406 metros cuadrados de techo, que el acusado ha reconocido.
Respecto a la negociación de este documento, ha señalado que supone que Román negoció con Roca, aunque ha apuntado que cree, incluso, que también se negociaron previamente estos parámetros por el vendedor con Jesús Gil. No obstante, ha declarado que "no tenía la intención ni el conocimiento de una influencia decisiva de Roca en ese convenio" y ha asegurado que no sabe por qué se redujo el aprovechamiento urbanístico que le correspondía al Ayuntamiento.
Roca aún no
El tribunal, que ha desestimado todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de los 95 procesados, suspendió el juicio el pasado 26 de octubre tras diez sesiones en las que los abogados pidieron la nulidad de las actuaciones. La Sala ha acordado que el bloque de blanqueo de capitales se divida a su vez en operaciones y que la primera de ellas sea la llamada "Operación Crucero Banús".
En un principio estaba previsto que el primero en declarar fuese el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de cárcel, 44 años de inhabilitación y 810,78 millones de euros de multa. Finalmente no ha sido así y hasta el miércoles Roca no se sentará en el banquillo.
Roca garantiza que dirá la verdad
El ex asesor puede sorprender con su declaración, pues él mismo ya advirtió en 2008 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que diría la verdad "con todo lo que ello comporta" en las causas judiciales que tenía pendientes en los siguientes años, entre ellas Malaya.
Su cambio de estrategia personal de defensa puede deberse, según fuentes cercanas a su entorno, a un intento de favorecer a familiares que también están sentados en el banquillo de los acusados.