La activista saharaui Aminatu Haidar había decidido abandonar la huelga de hambre que mantenía desde hace diecinueve días en el aeropuerto de Lanzarote tras aceptar el ofrecimiento de regresar en un avión medicalizado a El Aaiún. Sin embargo, ahora Marruecos rechaza permitir que la activista aterrice en su territorio, por lo que el vuelo no ha despegado.
El presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sahara de España, Carmelo Ramírez, explicó con anterioridad que en el avión llevaría a Haidar junto con un médico y el jefe de gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, Agustín Santos.
La activista saharaui fue detenida el pasado día 13 de noviembre por la gendarmería marroquí al llegar a El Aaiún en un vuelo procedente de Gran Canaria, tras recoger un premio en Estados Unidos. Al día siguiente fue devuelta a España en un vuelo que aterrizó en Lanzarote, y, tras no conseguir volver a la capital del Sáhara Occidental, inició una huelga de hambre con esa intención.
La Audiencia no coje el caso
En la mañana del viernes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha remitido a Lanzarote la denuncia de la activista saharaui Aminetu Haidar, al entender que los hechos no son competencia de este tribunal. Esta se encontraba en huelga de hambre desde el pasado día 16 de noviembre en el aeropuerto de Arrecife.
La denuncia de Haidar está dirigida contra Marruecos por expulsión ilegal y contra las autoridades españolas, a las que ha atribuido su secuestro al entender que la obligaron a entrar en el país en contra de su voluntad, pese a no tener documentación, e impedirle la salida. Asimismo, también ha denunciado a la compañía aérea Canarias Aeronáutica y al comandante de vuelo que la trasladó a Lanzarote por llevarla a un lugar desconocido.
Además, la activista ha dirigido su acción penal contra la Guardia Civil por malos tratos recibidos en el aeropuerto, cuando los agentes la obligaron con violencia a desalojar las instalaciones.
La decisión del juez
El juez Velasco ha considerado que la Audiencia Nacional no puede aceptar la competencia para investigar estos hechos, a pesar de reconocer que existen indicios de la comisión de un delito de lesa humanidad.
Por su parte, Velasco ha tenido en cuenta que Haidar no tiene la nacionalidad española (dado que rechazó la oferta del Ministerio de Asuntos Exteriores que le ofreció un pasaporte de esta nacionalidad) ni hay vínculos de trascendencia jurídico penal entre el caso y España.
No obstante, el juez ha insistido en que para que pudieran ser investigados por la Audiencia Nacional "los criminales responsables deberían ser españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española" y recuerda que los hechos denunciados "como ocurridos en España" tienen que ser investigados por el Juzgado de Lanzarote.