Los 50.000 folios del sumario del 'caso Gürtel, que ha publicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través de un servidor informático, están siendo desgranado y a lo largo del día se irán conociendo todos los detalles de la trama.
Están imputadas cerca de 70 personas , entre ellas, Francisco Correa y su primo, Antoine Sánchez; el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo; y Alvaro Pérez 'El Bigotes', el supuesto delegado de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana, en el mayor escándalo de corrupción política de la democracia.
Financiación irregular en el PP de Valencia
Un informe policial que figura en el sumario concluye que hubo "financiación irregular" de actos del PP valenciano con dinero de empresarios a los que se adjudicaban contratos "como contraprestación a los favores realizados para la formación política".
Así lo asegura la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el citado informe, llamado "Orange Market SL: sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana", que figura en la parte del sumario sobre la que hoy se ha levantado el secreto.
"Existe una financiación de actos del PP de la Comunidad Valenciana por parte de empresarios siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido", señala el escrito.
La Policía añade que "estos empresarios tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las Administraciones Públicas obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos".
Costa, encargado de los pagos
Según el informe, es el propio PP, "en la persona de Ricardo Costa", ex secretario general de este partido en la Comunidad Valenciana, el que "actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero".
La UDEF dice que sus investigaciones han puesto de manifiesto la "vinculación directa" de Orange Market -la sociedad dirigida por Álvaro Pérez, "El Bigotes"- "con responsables políticos del PP de la Comunidad Valenciana y de los órganos de gobierno de la Comunidad Valenciana".
Barcenas cobró 1,3 millones de euros
Según 'El País', Luis Bárcenas está implicado en el cobro de 1,3 millones de euros. El primer tomo apunta "sin género de dudas" a que L. B., siglas que aparecen reiteradamente en la contabilidad B de la trama corrupta como perceptores de comisiones ilegales de la red que dirigía Francisco Correa, es Luis Bárcenas , senador del PP por Cantabria y hasta hace nueve meses tesorero nacional del partido.
El jefe de la sección segunda de la unidad de blanqueo de capitales de la policía no tiene ninguna duda de que las siglas L, LB o L Barc que aparecieron en la caja B de las empresas de la trama, se corresponden con pagos al ex tesorero del PP Luis Bárcenas
El PP no ha suspendido aún de militancia a Bárcenas, como ha hecho con otros imputados, y le mantiene en su despacho y le paga el abogado. El informe señala: "Por último y en relación a la identificación de la persona que se encuentra detrás de las siglas L. B., la UDEF, ha llegado a la conclusión, ratificadas, sin género de dudas, y explicadas en comparecencia judicial: de que corresponden a Luis Bárcenas Gutiérrez". El escrito judicial apunta que el montante de las cantidades entrgadas por la organización corrupta a Luis Bárcenas Gutiérrez asciende a 1.353.000 euros.
Bárcenas multiplicó su patrimonio por cuatro
Entre 2002 y 2007 Bárcenas vio como crecían sus bienes y cuentas bancarias a un ritmo vertiginoso. Así se pone de manifiesto en la documentación que figura en el sumario. En 2002, Bárcenas contaba con un patrimonio valorado en 800.000 euros. Una cantidad que se había duplicado para 2005 y que en 2007 alcanzó los casi 3 millones de euros. Lo único que ha decrecido en las cuentas del ex tesorero del PP han sido, según los documentos de la AET que se incluyen el sumario, las deudas.
La misma suerte corren el ex eurodiputado del PP, Gerardo Galeote que figuraba en las anotaciones como GB y el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda y sus siglas JS. Sobre Galeote, este alto cargo policial afirma "taxativamente" que el perceptor de los pagos que salían de la caja B que la trama tenía en su oficina de la calle Serrano de Madrid es Gerardo Galeote.
Regalos para todos
Por otra parte, según la Cadena Ser, la empresa de Álvaro Pérez, "El Bigotes", gastó miles de euros en regalos de Navidad a altos cargos de la Generalitat y a sus familias. Según el sumario de la 'Gürtel', Orange Market le hizo regalos a la mujer y a los hijos de Francisco Camps, a Ricardo Costa, a consejeros como Juan Cotino, Victor Campos o Font de Mora y a varios de sus familiares.
El regalo más caro fue para la consejera de Turismo, Milagrosa Martínez, la que le daba adjudicaciones de Fitur, a quien le obsequiaron con un reloj de 2.400 euros. A Ricardo Costa le regalaron una maleta de Loewe de 1.130 euros y a Juan Cotino, un chaqueton de Milano.
Para la mujer de Camps escogieron un bolso de Loewe de 750 euros y a los hijos del presidente les regalaron juegos de Sony y una maleta. El Bigotes tambien le mandaba regalos por Navidad al vicepresidente Víctor Campos y a su esposa, a Ana Michavila, la jefa de gabinete de Camps, al director general de la televisión valenciana, a asesores, concejales, jefes de prensa y la gerente del PP, entre otros.
La llegada de Correa al PP
Correa declaró ante el Juez que comenzó a trabajar con el Partido Popular en el año 1993 y que fue el gerente Luis Bárcenas la persona que lo llamó, siendo Álvarez Cascos secretario general. Correa se entrevistó con Cascos que fue el que le dio el visto bueno para que empezara a organizar los actos y mítines del PP, debido a que su oferta era mucho más barata que la de la empresa anterior.
La decisión final sobre su contratación fue adoptada por un grupo de unas 5 personas entre las que figuraban Jesús Sepúlveda y Javier Arenas, como responsable de organización.
El Gobierno de Aguirre se saltó las normas
El diario 'El País detalla que un informe que llegó al juzgado el pasado 15 de julio acredita cómo distintas consejerías de la Comunidad de Madrid vulneraron todas las normas de contratación pública para beneficiar a las empresas propiedad de Francisco Correa, jefe de la trama corrupta.
El exhaustivo informe concluye la mayor parte de los análisis sobre contratos concretos con la siguiente coletilla: "No está justificada la imperiosa urgencia de seleccionar a un solo proveedor [una empresa de la trama corrupta] por lo que se vulneran los principios de publicidad, concurrencia y transparencia".