El Consejo de Ministros ha revisado este viernes las nuevas medidas sobre las descargas en Internet contenidas en una disposición adicional del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. La lucha contra la piratería digital es el objetivo último de estas medidas que pretenden hacer compatible el derecho de los usuarios con el de los creadores de contenidos.
Un juez de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional será el encargado de decidir sobre el bloqueo cautelar de las páginas webs de descargas no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor como películas, canciones o videojuegos.
El magistrado tendrá un plazo de cuatro días para decidir a favor o en contra de esa medida cautelar tras la presentación de la denuncia por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, integrado por expertos independientes.
Un tema muy polémico
Este tema ha sido muy controvertido en las últimas semanas. Incluso Zapatero llegó a precisar que no se cerraría ningún sitio en Internet sin la previa intervención de un juez. Por su parte, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, declaró el pasado 22 de diciembre en el Congreso que "ningún ciudadano será desconectado de Internet sin la intervención de un juez", respondiendo así a una interpelación urgente del PP para que el Gobierno aclarase su postura en torno a la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial.
Tras conocerse las intenciones del Gobierno, el PP calificó de "razonable" que el Ejecutivo exija autorización judicial previa para cerrar páginas webs aunque también expresó sus dudas de que "ésta sea realmente su intención" dados los vaivenes que, a su entender, ha mostrado el Gobierno con la llamada 'ley antidescargas'.
La Red rechaza el proyecto
Por su parte, la propuesta del Gobierno encontró el rechazo de gran parte de la Red, cuyo principal exponente fue el manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en Internet' suscrito por periodistas, bloggers e internautas.
Este documento, apoyado por más de 200.000 personas a través de Facebook, protestaba por la inclusión de modificaciones legislativas "que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet".
Precisamente, un pequeño grupo de los firmantes de este documento comenzaba una serie de reuniones con representantes políticos para modificar la citada disposición. Los blogueros Ignacio Escolar, Enrique Dans o Julio Alonso, entre otros, iniciaron esta ronda con representantes del Ministerio de Cultura, si bien no consiguieron llegar a un acuerdo. Por el contrario, sí recibieron el apoyo de PP, IU, CiU y Coalición Canaria, arrancando incluso de los 'populares' una promesa de acudir al Tribunal Constitucional en caso de salir adelante esta medida.
Por su parte, la Asociación de Internautas también criticó una medida "totalmente confusa", al considerar fuera de lugar "propuestas de este tipo tras la aprobación del canon digital".