El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de esta tarde el decreto-ley que incluirá los recortes sociales con los que el Gobierno quiere acelerar la reducción del déficit público.
La norma plasmará la bajada salarial de los funcionarios para este año, la congelación de las pensiones en 2011, la desaparición del cheque-bebé y el recorte en más de 6.000 millones de las inversiones públicas.
La aprobación se producirá ocho días después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara estos recortes que han recibido el rechazo de buena parte de la oposición y de los sindicatos, que ya tienen previstas movilizaciones y una huelga en el sector público para el 8 de junio.
Baja la previsión de crecimiento
El ajuste obliga al Gobierno, por otra parte a revisar a la baja la previsión de crecimiento de 2011 -hasta ahora en el 1,8%- y así constará en el cuadro macroeconómico que acompañe al techo de gasto presupuestario del próximo ejercicio, que también se aprueba hoy en el Consejo.
Un límite de gasto que con toda probabilidad mostrará una fuerte reducción con respecto al previsto para este año, dentro de la política de austeridad que se ha marcado el Ejecutivo para cumplir con su compromiso de consolidación fiscal.
El aumento de la deuda pública y las dificultades para colocarla, el temor a un contagio de la crisis griega en otros países y la inestabilidad que todo ello ha provocado en los mercados financieros han llevado a España a tener que tomar estas medidas drásticas a petición de la Unión Europea.
Compromiso con la UE
El Gobierno se comprometió hace diez días en Bruselas a reducir en 15.000 millones de euros el déficit previsto para este año y para el que viene, 5.000 en 2010 y 10.000 en el próximo ejercicio.
El miércoles pasado, Zapatero concretó en el Congreso cómo iba a conseguir tal rebaja: con una bajada salarial a los funcionarios, la congelación de las pensiones, la reducción de las inversiones en más de 6.000 millones, la desaparición del cheque-bebe y otros recortes que, en conjunto, suponen el mayor ajuste de gasto, sobre todo social, de la historia de la democracia.
Rechazo total de los sindicatos
Desde entonces, el Gobierno ha insistido en que este difícil recorte es necesario pero se ha encontrado con el rechazo frontal de buena parte de la oposición y de los sindicatos, que han convocado una huelga en el sector público para el 8 de junio, preparan movilizaciones y no descarta un paro general.
Las primeras movilizaciones, convocadas por los sindicatos de la función pública, tendrán lugar precisamente esta tarde en todas las ciudades españolas para protestar por la bajada salarial, mientras el Consejo discute el decreto.
La medida más impopular en cualquier caso ha sido la congelación de las pensiones de 2011, criticada desde todos los sectores y sobre todo por parte del PP.
Los populares han puesto esta medida en la cabecera de todas sus críticas, hasta el punto de definirse como la única formación legitimada para hablar de la garantía de las pensiones, como apuntó hace dos días la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.