Además de la declaración de Garzón, Manuel Marchena, instructor del caso, ha citado a declarar como testigos, el próximo 21 de abril, a James D. Fernández, director del Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, donde Garzón impartió los cursos; a la subdirectora, Laura Turégano y a María del Mar Bernabé, asistente de Garzón durante su estancia en Nueva York.
Esta investigación fue abierta el pasado 28 de enero a raíz de la querella interpuesta por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, en la que se acusa a Garzón de haber cometido delitos de cohecho y prevaricación por no abstenerse en una causa contra el Banco Santander a pesar de haber recibido un patrocinio de esta entidad bancaria para los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York.
Garzón recurrió esta decisión alegando haber sufrido indefensión, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó sus argumentos.
Cartas de agradecimiento a Botín
La querella aportaba como una de las pruebas más relevantes las cartas en las que Garzón pidió, y posteriormente agradeció, al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, la financiación de los cursos de Nueva York; unas misivas en las que el magistrado utilizaba términos como "querido Emilio" o "te mando un gran abrazo".
Los abogados Panea y Mazón destacaban que, unos meses antes, el Banco Santander otorgó a los cursos que el juez impartió entre marzo de 2005 y junio de 2006, un patrocinio de 302.000 dólares.
Tan sólo unos meses después de regresar de Estados Unidos, su juzgado se hizo cargo de la denuncia presentada contra varios directivos del Banco Santander, entre ellos Botín, a los que se acusaba de la apropiación indebida de la sociedad SCI Gestión. El juez de la Audiencia Nacional no sólo no se apartó del caso, sino que, en un auto dictado el 27 de noviembre de 2006, decidió archivar la causa.
Además de esta investigación, el Supremo sigue otras dos causas contra Garzón, una por su investigación de los crímenes del franquismo y otra por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del "caso Gürtel" y sus abogados.