El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha presentado un recurso de apelación contra el auto dictado el pasado jueves por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela en el que éste confirmaba la existencia de indicios contra él, por un presunto delito de prevaricación relacionado con su investigación de las desapariciones durante el franquismo.
En un escrito de 46 páginas, su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, lanza duras críticas al auto del juez Varela, que califica de "insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal".
Pide nuevas diligencias
Además, solicita a la Sala de lo Penal del Supremo, integrada por cinco magistrados, que ordene a Varela la práctica de nuevas diligencias de prueba en defensa de Garzón.
Entre ellas, pide la declaración textual de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de éste órgano de declararle incompetente para estudiar el denominado caso de las fosas. Se trata de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel.
Igualmente, se solicita que testifiquen Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa; del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y de los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos.
Además, asegura que interesa que declaren la actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU, y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano.
"Calificativos peyorativos" sin base jurídica
El escrito señala en que, en su último auto, el juez instructor del Tribunal Supremo se limitó a emitir "una sucesión de calificativos peyorativos" acerca de la conducta de Garzón, "a cual más injustificado", pero sin ofrecer ni "una valoración técnica jurídica" sobre su comportamiento.
El auto, agrega el recurso, se dedica a "descalificar todo el actuar del magistrado, con el que parece claro que no está de acuerdo". "Pero no basta estar en desacuerdo para acusar a un magistrado de prevaricador", remacha.
Para la defensa del magistrado, la clave está en que "se ha considerado inaceptable" que Garzón abriera una causa sobre los crímenes de la Guerra Civil y la posguerra y, a partir de ahí, todas las decisiones tomadas en el seno de esa causa "son valoradas en contra del juez, desde la peor de las diversas interpretaciones posibles".
Un auto "parcial"
El escrito repasa algunas de las, a su juicio, "omisiones" y "contradicciones" en las que cayó Varela en su auto "selectivo y parcial". En concreto, le reprocha que guarde silencio sobre la querella presentada por Falange Española de las Jons, en la que se acusaba a Garzón de "vulnerar el derecho al honor de las personas que aparecen reseñadas en su auto como responsables de crímenes contra la humanidad", así como acerca del "rapto de los niños" durante la Guerra Civil y la posguerra.
Critica igualmente que Varela preguntara a Garzón acerca de este asunto en su declaración del pasado 9 de septiembre ante el Tribunal Supremo y, sin embargo, ahora estos "gravísimos hechos punibles jamás investigadados" no aparezcan en su auto.
Niega un comportamiento prevaricador
En suma, Garzón defiende que en su actuación haya habido un comportamiento prevaricador y rechaza el argumento de que haya actuado con el único objetivo real de eludir la Ley de Memoria Histórica y controlar la realización de exhumaciones.
"No es razonable pensar que ha existido una prevaricación que no han visto ni la Fiscalía ni los 17 miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni el Consejo General del Poder Judicial, pero que no le ha pasado desapercibida a Manos Limpias y a Falange, que no eran parte en aquel proceso, pero cuyo criterio jurídico será más acertado que el de todos aquéllos", espeta.
La Fiscalía no acusa a Garzón
Por otra parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha querido dejar claro que su departamento "no apoya las acusaciones" contra Baltasar Garzón, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitara el martes a la Fiscalía que informe sobre la procedencia de suspender al juez de la Audiencia Nacional.
A la pregunta de si la Fiscalía apoyará la suspensión cautelar del magistrado y su salida de la Audiencia Nacional, Conde-Pumpido sólo señaló que su departamento "no apoya las acusaciones formuladas contra el señor Garzón".
Este martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial comenzó los trámites para suspender cautelarmente al juez como consecuencia de las dos causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo: un presunto delito de prevaricación asociado a sus investigaciones sobre las desapariciones del franquismo y otra acusación de prevaricación, cohecho y estafa por el dinero que recibió por los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York.