El 'caso Gürtel' deja un día más nuevos titulares. La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) de archivar la parte del "caso Gürtel" que afecta al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Administración regional y del PP valenciano.
Así lo han informado fuentes del Alto Tribunal, que han señalado que en el registro de este órgano figuran, con fecha de hoy, la entrada del recurso de la Fiscalía y de otro interpuesto por el PSPV-PSOE.
Sin embargo, el PP de Valencia va a presentar a lo largo del día su denuncia para esclarecer el origen del informe que les acusa de financiación irregular en la Comunidad Valenciana. Según los populares, se ha violado el secreto sumarial.
Financiación ilegal en la etapa de Aznar
El diario 'El País' publica este lunes que la Brigada policial de Blanqueo que investiga este caso y que ha destapado la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en un informe que se niega a investigar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, también sostiene que existen múltiples indicios de financiación ilegal de este partido a nivel nacional entre 1996 y 1999 a través de las empresas de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa.
El sistema utilizado, de doble facturación, es similar al destapado en la Comunidad Valenciana, con la salvedad de que en esta ocasión la policía no ha encontrado constructoras que sufragaran gastos correspondientes al Partido Popular.
Alrededor de 600.000 euros
En febrero pasado, la policía inició su investigación a raíz del hallazgo de documentos comprometedores sobre prácticas ilegales en una caja de seguridad que el ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, guardaba en una sucursal bancaria de Pontevedra.
Esos documentos apuntaban, y así lo explicaba la policía en su primer informe, a una supuesta operación de emisión de facturas falsas por parte de la red empresarial que dirigía Correa para justificar gastos electorales del partido de Mariano Rajoy, entonces presidido por José María Aznar, que rondaban los 600.000 euros.
En la caja de seguridad número 5 de una sucursal bancaria de Pontevedra, a nombre de Pablo Crespo, se conservaba la contabilidad de la empresa en relación a los servicios prestados al PP entre 1996 y 1999. En ese periodo, la red de Correa facturó más de seis millones de euros (1.027 millones de pesetas al PP).