El pago de 2,68 millones de euros a los piratas (según la versión de los propios corsarios), que el 2 de octubre secuestraron el buque 'Alakrana', pone fin a 47 días de cautiverio para los 36 tripulantes. El secuestro ha estado marcado por una gran polémica por la decisión de detener a dos piratas y traerlos a España, lo que ha provocado no sólo opiniones diferentes en el Gobierno, sino que la Audiencia Nacional sacara un comunicado desvinculándose de esa decisión.
La base de operaciones de la negociación ha sido la embajada española en Kenia, donde el embajador Nicolás Martín Cinto, en compañía del armador del barco, así como de miembros del CNI, ha pilotado las conversaciones.
2 de Octubre
El secuestro comenzó en la madrugada del 2 de octubre. Horas después, Gobierno vasco y Ministerio de Defensa confirmaron el secuestro en aguas internacionales a 415 millas de las Islas Scheylles y a 375 de la costa de Somalia, así como que el atunero se encontraba fuera del perímetro de seguridad establecido por la fragata Canarias.
La tripulación del buque la conforman 36 personas, de los cuales 16 son españoles, ocho de Indonesia, cuatro de Ghana, tres de Senegal, dos de Madagascar, otros dos de Costa de Marfil y uno de Seychelles. Entre los de nacionalidad española, siete son vascos, ocho gallegos y uno de Huelva.
El Alakrana ya había sufrido un intento de asalto un mes antes, aunque logró eludirlo gracias al mal tiempo. El mismo día del secuestro, Defensa ordenó a la fragata de la Armada Canarias y al avión de combate especializado en patrulla marítima P3 Orión que se dirigieran hacia la zona.
Detenciones
Dos días después del secuestro, la fragata 'Canarias' detuvo a dos piratas por su implicación en los hechos. La detención se produjo cuando los dos secuestradores abandonaron en un esquife el 'Alakrana'.
El 5 de octubre Garzón dictó el ingreso en prisión incondicional de los dos piratas y ordenó que ambos fueran trasladados a España de forma "urgente", acusados de un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas.
El 5 de noviembre los piratas bajan a tierra a tres secuestrados amenazando con entregarlos a las familias de los dos detenidos, si los piratas encarcelados en España no son devueltos a Somalia. Los secuestrados hablan con sus familias y les piden que hagan "mucho ruido" para presionar en favor de un fin del cautiverio, que lleva a manifestaciones el sábado 7 en Bermeo (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra).
A partir de ese momento, el Gobierno mantiene todas las vías abiertas para buscar una solución y comienza un debate sobre la hipotética posibilidad de enviar a Kenia a los dos piratas detenidos.
El juez Pedraz ordenó el procesamiento de los dos piratas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza alcanzar un acuerdo de conformidad con las defensas de los piratas que posibilite su expulsión de España, ya que pedirá penas que al menos sumarán los 219 años y medio de cárcel.