La Presidencia española de la UE ha comenzado a definir sus grandes líneas de actuación y las políticas concretas que pretende aplicar. La Presidencia española pretende estructurar en tres ejes su actuación: la cooperación internacional, la estabilidad y el nuevo orden financiero y, por último, la protección de los derechos civiles, en especial los de las mujeres y niños.
El programa de la presidencia española recoge genéricamente esa intención al asegurar que "un tema prioritario será la lucha contra la discriminación de la mujer y la violencia de género". Para ello, ha planteado ya dos medidas concretas con las que combatir la violencia machista a nivel europeo:
En primer lugar, España pretende crear una nueva figura legal en la lucha contra la violencia machista: la euro-orden de protección que tendría validez en todos los territorios europeos. La orden impediría a los agresores seguir a sus ex parejas más allá de las fronteras nacionales y les otorgaría protección especial en toda la UE, lo que incluye el cumplimiento de órdenes de alejamiento. De igual forma, permitiría a los gobiernos identificar antecedentes de violencia de género cometidos en otros países.
En segundo lugar, plantea la creación de un observatorio europeo contra la violencia de género. Ese observatorio sería coordinado por Bruselas, pero sería gestionado por cada uno de los gobiernos nacionales. La propuesta española plantea "la creación de un observatorio europeo sobre violencia de género que -en colaboración con el Instituto Europeo de Género, elabore indicadores comunes sobre violencia de género". El objetivo es incluir en la lucha contra el machismo en la agenda de todos los países.
El gobierno español va a proponer ambas medidas al resto de gobiernos cuando asuma la presidencia del Consejo Europeo, pero ha dado ya instrucciones a sus embajadores para que pulsen la disponibilidad de algunos gobiernos a aplicar ambas medidas.