En un fuerte debate público, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha enfrentado con países como Alemania, Reino Unido y Austria, que querían frenar la iniciativa española por considerar que creará inseguridad jurídica entre las víctimas porque su base legal es inadecuada.
Un total de siete países -Alemania, Reino Unido, Austria, Letonia, Eslovenia, República Checa y Hungría- se han opuesto a la orden de protección española y han pedido esperar a que la Comisión Europea presente en 2011 una propuesta para proteger a las víctimas que resuelva los problemas jurídicos detectados. Estos países, gracias al cambio de postura del nuevo Gobierno británico, formaban una minoría de bloqueo suficiente para tumbar la iniciativa de la presidencia (100 votos, por encima de los 87 que se necesitaban, según el servicio jurídico del Consejo).
Sin embargo, la presidencia española ha resuelto seguir adelante con el procedimiento acogiéndose a una disposición del Tratado que permite dar un "plazo razonable" a Reino Unido para cambiar de postura. Si al cabo de ese plazo el Gobierno británico no apoya el texto español, el resto de países podrían tomar una decisión sin tenerle en cuenta. Ello es posible porque Londres elige si participa o no en las decisiones sobre justicia e interior de la UE y por eso existe un mecanismo para que no pueda bloquearlas indefinidamente.
Esta interpretación del procedimiento, apoyada por el servicio jurídico del Consejo, ha sido cuestionada por las delegaciones opuestas a la propuesta española, entre ellas el propio Reino Unido. El ministro de Justicia británico, Kenneth Clarke, ha protestado por la pretensión de Caamaño de expulsarle de una decisión en la que, según ha dicho, desean "realmente participar, siempre que tenga una base jurídica segura, sin la cual la medida será bastante inútil para las víctimas".
16 países respaldan la propuesta
Durante el debate público, todos los Estados miembros apoyaron el objetivo político de la propuesta española de proteger a las víctimas en cualquier lugar de la UE. Además, 16 países respaldaron expresamente el texto de compromiso presentado por Caamaño. Se trata de Francia, Finlandia, Bélgica, Portugal, Suecia, Chipre, Italia, Luxemburgo, Polonia, Lituania, Países Bajos, Eslovaquia, Malta, Rumanía, Bulgaria y Estonia.
El objetivo de la propuesta española es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. El problema es que en algunos países estas medidas se adoptan en procedimientos penales, en otros como Alemania en procedimientos civiles y otros como Reino Unido tienen un sistema mixto, lo que dificulta crear un instrumento común.
La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, se opone a la propuesta española por considerar que utiliza una base jurídica inadecuada. A su juicio, ello perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo beneficiará a los abogados al aumentar el número de litigios. La vicepresidenta amenazó incluso con llevar este instrumento ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si finalmente se aprueba.
En 2008, se dictaron 118.000 medidas de protección para víctimas de delitos en el conjunto de la UE. No hay datos disponibles sobre las víctimas que se trasladaron a otro Estado miembro, pero si fuera únicamente el 1 por ciento del total ya significaría 1.180 casos al año, según una evaluación de la presidencia española.