En el auto redactado por Velasco, el juez ha argumentado que Cubillas "podría haber obtenido la nacionalidad venezolana, en fraude de ley, al tener como objetivo impedir las reclamaciones extradiciones españolas que la Audiencia Nacional mantiene en su contra por su actividad como miembro del 'Comando Oker'".
El Magistrado ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía y de la Asociación de Victimas del Terrorismo, además ha solicitado de los organismos competentes del Estado Español que insten al Gobierno de Venezuela a que revoque la nacionalidad venezolana de Arturo Cubillas al que ya ha procesado en el mes de febrero por delitos de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas.
La causas que Cubillas
tiene pendientes con España y por las que el juez Velasco solicita la extradición, son los asesinatos de Ángel Facal Soto, y del policía nacional Máximoi García Kleinte, ambos en el año 1985.
Pero a su vez atribuye al 'Comando Oker', del que Cubillas forma parte, la comisión de un atentado frustrado contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la explosión de un artefacto en un concesionario de coches y un autocar francés, así como diversos atracos a sucursales bancarias.
Venezuela no colabora
Por su parte el país Venezolano no cumple con la petición que el juez Velasco, de acuerdo con lo dispuesto en el tratado bilateral de extradición y en la Constitución del país sudamericano, ha indicado, y en las que ha solicitado a las autoridades venezolanas que cumplan las orden de detención internacional de Cubillas y de otros 12 miembros de las FARC y ETA.
Además en relación con la retirada de la nacionalidad del reclamado, tanto la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, como el embajador de éste país en España, Isaías Rodríguez han calificado de "no tener el suficiente peso como para acceder a las peticiones de la justicia española y extraditar a Cubillas"
Por tanto la petición de extradición deberá ser acompañada de una copia del auto de procesamiento y prisión que dictó en su contra, en el que "se señalan los hechos que se le imputan y las circunstancias del lugar y hecho donde se cometieron los delitos", así como "un oficio policial sobre su identidad, nacionalidad, residencia y, si es posible, fotografía y huellas dactilares" y los artículos del Código Penal que tipifican los hechos que se le atribuyen.