La Policía Nacional ha destapado dos redes de explotación sexual en Málaga, Córdoba y Almería, y ha detenido a 50 personas, gracias a las denuncias de algunas de las más de mil mujeres que eran obligadas a prostituirse, consumir sustancias estupefacientes y distribuirlas entre sus clientes.
Uno de los grupos estaba asentado en Málaga, Torremolinos y Córdoba, donde los responsables dirigían tres clubes de alterne, mientras que el segundo actuaba en distintas casas de citas ubicadas en Almería, según ha informado la Dirección General de la Policía en un comunicado. A los detenidos, 50 en total, se les imputan delitos relativos a la prostitución y contra la salud pública, ya que ambas redes distribuían sustancias estupefacientes entre sus clientes e, incluso, obligaban a las mujeres a consumirlas.
En la operación, se han realizado los registros de los tres clubes de alterne en Málaga, Torremolinos y Córdoba, así como de cuatro domicilios particulares y de la sede social de tres sociedades mercantiles. Los máximos dirigentes de esta organización, desmantelada gracias a las denuncias de algunas de las víctimas, habían creado un complejo entramado mercantil para intentar ocultar las actividades de la trama.
Los investigadores averiguaron que las mujeres eran obligadas a rotar entre los mismos por periodos de 21 días. Además, debían atenerse a estrictas normas en cuanto a vestimenta, horario de trabajo con jornadas superiores a doce horas diarias durante al menos seis días a la semana, y un pormenorizado control del precio, duración y número de servicios sexuales.
Drogas de por medio
Paralelamente, la red había articulado una estructura de tráfico de drogas para abastecer de estupefacientes a los locales. En el desarrollo de esta operación se detuvo a tres proveedores de droga y se intervinieron numerosas dosis de cocaína y heroína preparadas para la venta, instrumentos de pesaje y dinero en efectivo.
Las víctimas de la red desmantelada en Almería vinieron a España con intención de ejercer la prostitución y, al llegar, fueron obligadas a consumir sustancias estupefacientes y a distribuirlas entre sus clientes por los encargados de las casas de citas. Las mujeres debían permanecer en las casas de alterne las 24 horas del día y sólo podían salir a la calle durante dos horas y con autorización previa.
Además, debían pagar 20 euros por el uso de una cama litera que era compartida con otras diez chicas y únicamente percibían la mitad del importe que cobraban por los servicios. El resto era para los encargados, quienes también las amenazaban para que se sometieran a la voluntad de sus clientes.