En el auto el juez pide que se realicen "todas las medidas de averiguación patrimonial precisas para la práctica de la traba del embargo acordado, sin perjuicio de la designa de bienes por la administración concursal". Además, se apunta que se notifique este auto a las partes personadas, previniéndole de que contra el mismo no cabe recurso alguno, sin perjuicio de oposición en los 20 días siguientes a su notificación.
Además de a bienes de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, la decisión judicial afecta a bienes de Inversiones Grudisan, Ignacio Pascual de Riva y José María Llodrá Serrano. El juez explica que las personas contra las que se pide el embargo fueron integrantes del órgano de administración de la sociedad concursada.
Indica también que "concurren en la gestión de los administradores graves irregularidades que pueden motivar, fundadamente, que el concurso se califique como culpable". Por otra parte, considera que "existe un importante desbalance en el patrimonio de la concursada, que impedirá satisfacer los créditos contra la misma".