Así lo ha manifestado el activista tras presentar en la Audiencia Nacional junto a su compañera Laura Arau, que también formaba parte de la expedición, la querella por crímenes de guerra y contra la humanidad contra el jefe del Ejecutivo israelí, Benjamin Netanyahu, otros seis ministros de su Gobierno y un alto cargo militar.
La iniciativa de fletar dos naves de pabellón español forma parte de la nueva campaña de su asociación, "Rumbo a Gaza", para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino, aunque Tapial ha mostrado su deseo de "no tener que hacerlo" porque significaría el fin del embargo y que la población de Gaza "pueda ejercer su soberanía".
Critican la "inacción" del Gobierno español
Preguntado por la reacción del Ejecutivo español, el cooperante ha criticado las "no actuaciones" del Gobierno, que ha calificado de "graves" porque en esta situación se daban "todos los ingredientes" para que el Estado "interviniera de oficio".
Durante el ataque, ocurrido el pasado 31 de mayo, nueve activistas turcos murieron por disparos de los comandos israelíes que abordaron la flotilla humanitaria "Mavi Marmara" (en la que, además de Tapial y Arau, iba a bordo el periodista David Segara) en aguas internacionales, un suceso que condujo posteriormente al levantamiento parcial del bloqueo a la franja.
Querella por crimen de lesa humanidad
La querella ha sido interpuesta por la asociación Solidaridad con la Causa Arabe, en representación de los dos activistas y Segarra. Uno de los abogados que ha participado en la redacción del texto, Enrique Santiago, ha apuntado la posibilidad de ir ampliándola a medida que avance la investigación contra funcionarios israelíes "que hayan tenido responsabilidad en la puesta en marcha de este plan criminal y en su ejecución".
Los querellados son, además del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sus ministros de Defensa, Ehud Barak; el de Exteriores, Abigdor Lieberman; Inteligencia, Dan Meridor; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; el de Interior, Eli Yishay, y el titular sin Ministerio Benny Bergin.
La asociación atribuye a los seis miembros del Ejecutivo israelí un crimen de lesa humanidad con resultado de tres detenciones ilegales, tres deportaciones forzosas y tres delitos de tortura. Una vez registrada, la querella irá previsiblemente al turno de reparto y el juez de Central de Instrucción al que le corresponda deberá decidir ahora si la admite a trámite.
En principio, la causa se podría acoger al principio de jurisdicción universal, que fue limitado durante la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial, dada la existencia de supuestas víctimas españolas.